El Tribual Vasco de Cuentas Públicas censura que las primas por jubilación y por bajas incentivadas de funcionarios de la Diputación de Gipuzkoa sean eximidas del pago del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), al entender que "no se dan las causas asimilables a un despido colectivo".
El TVCP ha hecho público este miércoles el informe de fiscalización de las cuentas de la Diputación de Gipuzkoa correspondientes al año 2020, de la que emite una "opinión favorable" con algunas "salvedades puntuales", entre las que se encuentra la tributación de estas bajas.
El informe señala que en 2020 la Diputación de Gipuzkoa abonó primas a 46 empleados por jubilaciones anticipadas y a otro por una renuncia incentivada por un importe total de 1,7 millones de euros, aplicando el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la institución foral, por lo que declaró estar rentas exentas de tributación.
El organismo fiscalizador sostiene que la modificación de la norma del IRPF de 2016 establece que "para considerarse renta exenta las indemnizaciones por cese del trabajador derivadas de los planes esratégicos de recursos humanos de las administraciones públicas", las bajas deben estar basadas en los motivos definidos en los despidos colectivos, como las "causas económicas, técnicas, organizativas o de producción".
Sin embargo, el TVCP considera que el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Diputación se aplica "a todo el personal de la DFG que cumpla determinados requisitos de antigüedad y de edad en relación con la edad legal de jubilación, por lo que no se dan las causas asimilables a un despido colectivo y, por tanto, no se cumplen los requisitos fijados en la norma foral para la consideración de renta exenta".
Alegaciones forales
En sus alegaciones, la Diputación argumenta que la norma del IRPF sí ampara dejar exentas las indemnizaciones por cese del trabajador derivadas de los planes estratégicos de recursos humanos de las Administraciones Públicas. La institución foral sostiene que la causa organizativa está "perfectamente acreditada" en el plan, por lo que se ajusta "al cumplimiento de la legalidad".
El informe detecta algunas salvedades más relativas a justificación de subvenciones, procedimientos de contratación y otras cuestiones burocráticas frecuentes.
Analiza también la situación financiera y destaca que el 2020 fue un ejercicio en el que la bajada de la recaudación afectó al resultado corriente, que no fue suficiente para financiar las operaciones de capital del ejercicio, "teniendo en cuenta el saldo de endeudamiento no dispuesto al cierre del año por importe de 241,7 millones de euros".
