El sindicato Hiru ha criticado que los peajes a camiones en Gipuzkoa son discriminatorios porque excluyen al resto de agentes de la cadena de servicio como cargadores y agencias de transporte y ha pedido la devolución "automática" de las cantidades cobradas tras la anulación por los tribunales de las normas forales que lo sustentaban.

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Los representantes del sindicato de transportistas Jon Altuna y Patxi Agirre han comparecido en la comisión de Infraestructuras Viarias de Juntas Generales de Gipuzkoa en la que han expuesto la situación del sector que es "esencial" pero al que la Administración ha dado un "tratamiento marginal" porque no lo incluye entre sus prioridades.

Altuna ha remarcado la oposición del sindicato a los peajes ya que esta visión "obvia" que el transporte de mercancías es un "servicio público" y las infraestructuras viarias un "bien público" que "debe ser sufragado por todos los ciudadanos" mediante impuestos porque "todos son usuarios" de las mismas.

Con los peajes "solo unos usuarios", los transportistas, pagan esas cantidades, por lo que están "discriminados" ya que el resto de agentes que intervienen en la cadena de servicio como cargadores, agencias de transporte y distribuidores, están exentos, ha indicado.

Por ello han remarcado que la Diputación de Gipuzkoa debe devolver de forma "automática" los peajes que ha cobrado "irregularmente" desde que se implantó la norma en 2018.

"Si los cobros fueron de forma telemática y automáticos también las devoluciones deben serlo", ha señalado.

Han insistido en establecer medidas para que no se permita aplazar el pago por parte de los clientes más allá de un mes.

En este sentido, Agirre ha señalado que la ley especifica que el plazo es de "30 días salvo pacto en contraria", una cláusula que se utiliza para atrasar el abono hasta 90 días en ocasiones por lo que los representantes sindicales han pedido la retirada de "esa coletilla".

Asimismo han pedido un incremento de las inspecciones y actuaciones contra las "falsas cooperativas" que se acogen a esa fórmula legal cuando no lo son, la subcontratación así como la implantación de facturas que recojan las variaciones del precio de gasóleo o otros gastos que "se comen" los beneficios del transportista.

Hiru reclama además ayudas para la jubilación a los 60 años ya que "es un trabajo duro".

Junto con estas medidas el sindicato exige que las policías "lleven a cabo las labores de control en las carreteras", como ocurre en otros países, para evitar "cabotajes", la práctica por la que transportistas de un país realizan servicios temporales en el interior de otro país.

Han denunciado que la media de edad del sector está por encima de los 55 años y que el "relevo generacional" es difícil ya que el trabajo "es una aventura mal pagada".

"Tendrán que traer emigrantes y esperemos que les paguen bien y no sean esclavos porque es lo que estamos viendo: gente mal pagada rayando la esclavitud", ha señalado Agirre.

"Lo de Londres va a llegar aquí, está claro", ha advertido.

Otra de sus reclamaciones es la instauración de un ciclo de FPque puedan estar interesados en trabajar en el sector.