donostia - El punto estrella del Pleno previsto para ayer, la aprobación definitiva de la modificación iniciada hace dos años para añadir medio centenar de edificios al Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (Peppuc), se cayó ayer del Pleno y, por el momento, se desconoce cuándo volverá a poder incluirse en el orden del día. El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, optó por eliminar su propuesta ante la petición conjunta de los grupos de la oposición, que habían preguntado la víspera a los servicios jurídicos del Ayuntamiento si en este cambio normativo era necesario incluir un informe medioambiental del Gobierno Vasco, como es preceptivo en otras modificaciones de carácter urbanístico.

Como no dio tiempo a que la respuesta de los servicios jurídicos estuviera redactada para la sesión de ayer, la portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall, con el apoyo del PP e Irabazi, reclamó la suspensión del debate y así fue.

Ahora, se abre un nuevo escenario y se alarga un tiempo más la decisión sobre si determinados edificios pueden ser reformados o retocados, con la consiguiente incertidumbre tanto para los propietarios de las construcciones como para los defensores del patrimonio, como la asociación Áncora.

Si el secretario del Ayuntamiento aconseja el informe medioambiental, será el Ejecutivo de Gasteiz el que deberá elaborar el documento y, a poder ser, hacerlo con celeridad, ya que la moratoria de licencias y derribos decretada para las villas de Ondarreta, por ejemplo, termina en junio. Para que este nuevo retraso en la tramitación no afecte a los edificios que pretende proteger el Ayuntamiento con su Peppuc será, pues, necesario que el procedimiento sea rápido y el informe medioambiental llegue antes de que legalmente se puedan volver a derribar las antiguas construcciones.

La petición, al final de los dos años de trámites de la modificación del Peppuc, de un informe medioambiental es, para los grupos de la oposición, una garantía de que el procedimiento cuenta con todos los parabienes legales que impidan que el plan pueda ser recurrido o anulado en los tribunales, como ha sucedido recientemente en otros casos en el Ayuntamiento de Donostia.

Las diferencias entre los servicios jurídicos de Urbanismo, que creen necesario el informe medioambiental en determinados casos, y el del secretario judicial, que lo aconseja en más situaciones, ha salido a la luz a la vista de distintos pronunciamientos de los tribunales. Por ejemplo, el plan para construir apartamentos para jóvenes en los viveros de Ulia fue anulado por carecer del citado estudio, por lo que tiene que ser reelaborado. Lo mismo ha pasado con el plan especial de Illunbe, que no ha podido obtener su definitiva aprobación, y con el de La Bretxa.

Dentro del Gobierno municipal, sin embargo, hay quien acusa a los grupos de la oposición de reclamar el estudio como “pataleta” después de que el secretario invalidase las enmiendas presentadas el pasado viernes al Peppuc por los grupos municipales de la oposición y el propio PSE-EE, de quien depende el área de Urbanismo, que pretendían añadir nuevos edificios y otorgar mayor protección a otros.

enmiendas rechazadas Según estas opiniones, los grupos políticos que presentaron enmiendas para incluir nuevas edificaciones a las 47 que eran objeto de la modificación del Peppuc estaban molestos por el hecho de que el secretario no las validara. De hecho, la dirección jurídica municipal les explicó que añadir edificios o mayor protección a edificios cuyos propietarios o afectados no habían podido presentar alegaciones al respecto era sinónimo de inseguridad jurídica y de un peligro real de anulación total del documento por parte de los tribunales.

En el listado de 47 edificios que son objeto de los trámites que están por ahora en suspenso hay construcciones decimonónicas, de Art Déco y otras que mezclan distintos estilos. Las construcciones forman parte de los 300 inmuebles que fueron incluidos en el borrador del Peppuc de 2009, pero que no fueron finalmente incluidos en el plan. Tras las críticas ciudadanas, los grupos políticos abrieron el proceso actual para intentar incluirlas.