DONOSTIA - El grupo municipal de EAJ-PNV propuso ayer en el Consistorio donostiarra la eliminación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se empezó a aplicar el año pasado a aquellas viviendas en las que no hubiera nadie viviendo de forma habitual. Los jeltzales defienden que, pese a recaudar alrededor de 500.000 euros el año pasado, no se cumplió el objetivo que se pretendía con este recargo; que no era otro que “presionar a la vivienda vacía para que saliera al alquiler”. Sin embargo, el programa de Etxegintza no tuvo un incremento significativo de viviendas arrendadas.

A pesar de que el plazo aún no se ha completado, un total de 677 propietarios de viviendas en Donostia han presentado ya alegaciones por este recargo. Según indicó el concejal del PNV Iñaki Gurrutxaga, para quien este “experimento” ha resultado un “fracaso”: “Lo más probable es que al final del proceso el número se aproxime a las más de 2.000 alegaciones que se presentaron el año pasado”.

Gurrutxaga admitió que, pese a que su gestión sea “complicada”, este recargo del IBI “da muchos más problemas de los que soluciona”. Según él, para lo “único” que está sirviendo este impuesto es para “aumentar la recaudación municipal”. “El año pasado, el Ayuntamiento recaudó más de medio millón de euros por este concepto, por lo que se entiende que éste es el verdadero motivo del empeño del Gobierno municipal por mantener este recargo”, añadió el edil donostiarra.

A su vez, Gurrutxaga explicó y se mostró disconforme con el criterio que se sigue para aplicar este recargo, que surge del cruce de dos factores y es el causante de las constantes alegaciones que se están presentando. Por un lado, se fija en qué viviendas no hay nadie empadronado y se crea un listado de esos pisos. Y, por otro lado, ese padrón se cruza con el registro del consumo de agua que, si no llega a un punto determinado, se establece el padrón definitivo.

“NI JUSTO NI FIABLE” El concejal jeltzale recordó que este sistema para establecer el recargo “no es justo ni fiable en muchos casos”, ya que en Donostia hay muchas viviendas cuyos datos de consumo de agua no constan porque tienen contadores colectivos y no individuales, por lo que no se puede saber si esa vivienda en concreto ha consumido. Gurrutxaga también mencionó a los contadores que están dentro del domicilio, a los que, en ocasiones, los trabajadores municipales no pueden acceder para acometer las lecturas.

Además, aludió a la condición de ciudad turística que posee la capital guipuzcoana, donde muchas personas acuden a su piso para veranear: “La norma que está en vigor este año establece que hay que tener una estancia mínima de tres meses en la ciudad para considerar que una vivienda pertenece a alguien que está empadronado fuera de Donostia y tiene un piso aquí al que viene a veranear”.

“La comprobación para determinar si alguien ha estado en Donostia tres meses o no se basa en un valor que, desde el punto de vista jurídico, es muy discutible, ya que se determina que tiene que tener un consumo de agua de diez metros cúbicos”, aclaró Gurrutxaga, para quien “este dato no está recogido en la propia norma, sino que el Ayuntamiento está utilizando un dato de referencia que surge de la idea de que si el consumo medio de un donostiarra es de 40 metros cúbicos, el equivalente a tres meses son diez metros cúbicos.” Por ello, muchas personas han tenido que acreditar con el recibo de la luz que ha estado más de tres meses en la ciudad y, sin embargo, ya le habían aplicado el recargo porque no ha llegado al consumo de diez metros cúbicos.