Una patata cada vez más caliente

EL edificio del Bellas Artes, que el año próximo cumplirá un siglo desde su inauguración, presenta un futuro incierto. Ahora, además, se ha convertido en un nuevo motivo de enfrentamiento entre el Gobierno de Bildu y la oposición en el Ayuntamiento de Donostia. Esto ha provocado que, tanto la catalogación del edificio, como el del millar de inmuebles analizados en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico Construido (Peppuc), alarguen un poco más el limbo de indecisión en el que se encuentran.

Esta misma semana, los tres partidos de la oposición - PSE, PNV y PP- se negaron a votar el Peppuc y reclamaron la presentación de informes económicos y jurídicos para conocer las consecuencias que podría tener para el Ayuntamiento la amenaza presentada por la propietaria del viejo cinematógrafo, la empresa Sade, de acudir a los tribunales para reclamar al Consistorio una millonaria indemnización por no permitirle llevar a cabo sus planes para construir un hotel.

Mientras los grupos de la oposición sostienen que una decisión de estas características no puede tomarse sin valorar los efectos económicos que podría tener la protección del edificio para las arcas municipales, el Gobierno de Bildu considera que PSE, PNV y PP solicitan un "estudio-excusa con el fin de no posicionarse y dar su opinión".

El voto de todos los partidos políticos es determinante en este caso ya que Bildu no tiene mayoría en el Pleno y, en realidad, el grado de catalogación de cada inmueble del Peppuc depende de la mayoría de la Corporación. Es decir, si algún partido apoya a Bildu, o todos se abstienen, saldría adelante el grado C aprobado este mes por el Ejecutivo local. Esta categoría obliga a mantener las fachadas actuales, aunque tengan que ser reparadas, pero con su mismo aspecto, es decir, con las pocas ventanas que impiden, según la Sade, crear el hotel. El grado B, que dio por bueno Bildu en abril pasado, permitía derribar el Bellas Artes y crear un hotel con un aspecto similar.

ornato

¿Quién lo paga?

Sin embargo, los tres partidos de la oposición tienen en su mano la posibilidad de variar la protección, es decir, permitir su derribo para crear el hotel o, por el contrario, aumentar su protección aún más, con lo que el edificio seguiría como hasta ahora. De hecho, el Gobierno Vasco ha señalado que tiene valores suficientes para convertirse en monumento, pero no lo ha catalogado como tal. La institución que le ponga el título de "intocable" deberá hacerse cargo del mantenimiento de su ornato y puede ser que esto eche para atrás a quienes manejan los dineros públicos. Incluso si se considerase que el edificio está en ruina -su propietaria así lo sostiene-, ello no daría pie a un derribo automático. Debería autorizarlo la Diputación y, de no hacerlo, "asumir la carga de la conservación del inmueble realizando a su costa las obras necesarias para su consolidación o recuperación o, en su caso, iniciando el expediente de expropiación forzosa". Así lo dice el escrito de respuesta a las alegaciones al Peppuc, en el que el Consistorio responde a las objeciones ciudadanas sobre las protección del Bellas Artes y otras construcciones de la ciudad.

La insistencia de las asociaciones de defensa del patrimonio, que mantienen su pelea por evitar el derribo, y las 10.000 firmas conseguidas en Internet, calientan aún más la patata del Bellas Artes y las distintas formaciones políticas del Ayuntamiento no quieren molestar a sus posibles votantes. Por ello, miden sus pasos al máximo porque ninguna quiere aparecer como la que permitió tirar este emblema estético, histórico y patrimonial de Donostia.

La partida de ajedrez en la que se ha convertido la tramitación del plan de protección de los edificios históricos ha recibido en los últimos días una nueva aportación de la asociación cívica Ancora. Esta ha remitido un escrito a los concejales de Donostia en la que sostiene que la Sade, con su anuncio de acudir a los tribunales y reclamar una indemnización, ha lanzado un "farol" sin fundamento jurídico, con el que pretende presionar y asustar a la Corporación, presuponiendo una supuesta obligación de indemnización por parte del Ayuntamiento".

Los miembros de Ancora transmiten a los corporativos las consultas jurídicas realizadas como asociación. Según estas, una indemnización como la señalada por la Sade "es inviable" por tratarse de "un edificio al que se ha venido reconociendo el máximo grado de protección otorgado por el planeamiento municipal desde el año 1977". Así pues, según Ancora, los supuestos perjuicios por "vinculación singular" no son tales.

Asimismo, la entidad proteccionista añade que el argumento "insistentemente esgrimido por la Sade de que existe una declaración legal de ruina de este edificio, decretada mediante sentencia firme" no es "aceptable". A su juicio, para acreditar jurídicamente la situación de ruina del cine Bellas Artes sería preciso arbitrar un expediente específico con audiencia de todas las partes interesadas, "trámite del que la propia empresa acaba de desistir"

Por todo ello, la entidad insta a los grupos políticos a "contrastar estos extremos con los servicios jurídicos municipales y a no ceder, en definitiva, ante el chantaje económico con el que se pretende, una vez más, aplazar la aprobación del Peppuc y mermar el patrimonio histórico-artístico de San Sebastián".