pASAIA. El Ayuntamiento de Pasaia acumula un déficit de 4,5 millones, según se desprende de un informe del interventor municipal que han sacado a la luz los grupos de la oposición. En una nota conjunta, el PSE-EE, PNV, PP y Miriam Cano (H1!), aseguraron que el Ayuntamiento "está en bancarrota" e hicieron hincapié en que "el informe de Intervención señala, entre otras cosas, un importante desequilibrio entre gastos e ingresos".
"En base a ello, Intervención advierte de forma rotunda que, en tanto no se restablezca dicho equilibrio no podrá recoger contablemente ninguna nueva autorización de gasto de capital, por lo que emitirá los correspondientes reparos suspensivos por insuficiencia de crédito. Ello, en lenguaje común equivale a una auténtica declaración de suspensión de pagos", añadieron.
Por su parte, EB exigió que se presente un "Plan Financiero que permita a este Ayuntamiento acceder a préstamos, ya que sin el citado plan, la Diputación no autoriza las operaciones de préstamo".
Todos los grupos coincidieron en culpar a la alcaldesa y a su grupo de esta situación derivada de su mala gestión y de su poca capacidad para adoptar medidas que palien en parte la crisis.
Versión de la alcaldesa La alcaldesa, Maider Ziganda, quiso salir al paso de esta acusaciones. "El informe propone continuar adoptando medidas que contengan el gasto, incidiendo en las que este equipo de gobierno, consciente de esa situación, ha realizado, con medidas concretas, en los dos últimos años para reducir ese déficit", explicó ayer en otra nota. Ziganda culpa a la Diputación de imponerles esa abultada deuda, ya que le deben al ente foral 3 millones de euros. "La oposición ha realizado esta nota con el objetivo de escandalizar. Muy fácil de hacer, pero nada riguroso", acusó.
En este sentido, Ziganda afirmó que "ningún servicio básico para la población va a sufrir merma y ninguna de las inversiones y obras previstas va a quedar sin realizar". Para finalizar, quiso tranquilizar a los trabajadores municipales y a las empresas que colaboran con el Consistorio sentenciando que cobrarán sus sueldos y facturas.
