DONOSTIA. El Ayuntamiento de Donostia decidió pagar 1,073 millones de euros en 2004 a la firma FCC, que ofrecía servicios de limpieza de edificios municipales sin contrato en vigor. Con esta cantidad, FCC compensaría los incrementos salariales derivados del convenio firmado con sus trabajadores tres años antes, no contemplados en la adjudicación que logró en 1997.
En la cuarta sesión de la Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Contratación para aclarar la ausencia de contrato en vigor con las empresas de limpieza de edificios municipales durante nueve años, el responsable de FCC Carmelo Aguas explicó ayer que el alcalde, Odón Elorza, aceptó abonar a la empresa esa cantidad. La suma de más de un millón de euros correspondía, según explicó, a la diferencia existente entre los precios pagados de 2001 a 2003, según las cantidades actualizadas con el IPC, y los importes a los que la empresa tuvo que hacer frente, que eran más elevados, ya que las subidas salariales que recogía el convenio de 2001 no se habían reflejado en las facturas presentadas al Ayuntamiento en esos años.
Por su parte, el gerente de la otra empresa afectada, Galant, Iñigo Oiarzabal, explicó en la comisión que su empresa no reclamó ningún tipo de incremento en las facturas presentadas al Consistorio por la limpieza, por lo que los aumentos de precios se limitaron, en su caso, a las subidas anuales del IPC desde 1997.
"Presión sindical" Aguas explicó que el alcalde de la ciudad se negó inicialmente a asumir los incrementos reclamados por los trabajadores de la limpieza de esta empresa, quienes llevaron a cabo una huelga en 2001, en fechas próximas a la finalización del contrato en vigor. Sin embargo, según el representante de FCC, al cabo de un mes de movilizaciones, y fruto de "la presión sindical", y de los padres de alumnos de las escuelas públicas, así como de los directores de los centros, el primer edil acabó por aceptarlos.
Por su parte, los responsables de Galant transmitieron en varias ocasiones, entre 2003 y 2005, al alcalde y a la anterior concejala de Hacienda, Susana Corcuera, la "imposibilidad de seguir prestando el servicio de limpieza en las condiciones actuales", por lo que solicitaron "regularizar los precios" debido al "grave problema económico" en el que se veía inmersa la entidad "con precios de 1997 y con el contrato vencido". Sin embargo, sus reclamaciones nunca se atendieron, recalcó.
Los responsables de ambas empresas reconocieron que el resultado de la prórroga irregular de sus contratos con la administración local hasta la actualidad ha sido "deficitario". Además, coincidieron en sostener que si el Ayuntamiento hubiera llevado a cabo las licitaciones pertinentes del servicio, como lo exige la ley, la limpieza hubiera resultado más cara para el Consistorio.
El responsable de FCC incidió en que su empresa ganó el concurso "a pulso", y aseguró que "jamás" se adjudicó "a dedo" y que el procedimiento fue "limpio". No obstante, admitió que la prestación del servicio sin contrato en vigor durante nueve años "no es normal".
El representante de Galant también consideró que la situación irregular con el Ayuntamiento, que conllevaba una "prórroga forzosa", es algo inusual. Asimismo, explicó que su entidad -que contrata a trabajadores con discapacidades- continuó su relación con el Consistorio "quizá por excesiva confianza", aunque, según admitió, "el tiempo ha demostrado que ha sido una equivocación".
