ELA pide al Consistorio que investigue una "infracción grave" detectada en una oposición

Recientemente, la Agencia Vasca de Protección de Datos ha emitido una resolución en la que admite que la mencionada oposición contó con una "infracción grave" y ha pedido que el Ayuntamiento establezca medidas para evitar que infrinja la Ley de Protección de Datos.

La resolución es la respuesta a la petición de uno de los aspirantes al puesto de funcionario que, además de dirigirse al Tribunal Contencioso Administrativo, ha puesto en conocimiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos algunas cuestiones del proceso que considera que le perjudican como, por ejemplo, el hecho de que algunos de los opositores recibieron las alegaciones presentadas por él y otros concurrentes a los exámenes.

Además del contenido de las alegaciones, el tribunal informó a los demás implicados del nombre, apellidos, dirección y DNI de los recurrentes, algo que va en contra de la intimidad de las comunicaciones entre el opositor y la institución a la que se dirige y que supone una infracción de la Ley orgánica de Protección de Datos, según afirma la agencia en su resolución.

En concreto, el tribunal examinador había informado a varios implicados de las alegaciones presentadas en contra de la apertura de un segundo periodo para presentar la titulación de euskera, que cuenta como mérito y que resulta determinante en muchos casos para el resultado final de las pruebas.

Según distintas fuentes, aunque lo habitual en el Ayuntamiento donostiarra es que los puntos por el conocimiento del euskera se aporten en las últimas fases de las oposiciones, en esta ocasión, la acreditación de la lengua vasca se situó al principio, dado que las bases de la prueba se copiaron de las de la Diputación. Por este motivo, algunos opositores, a pesar de contar con los niveles requeridos, no aportaron la documentación necesaria para demostrar sus conocimientos y pasaron el plazo sin cumplir este requisito.

Sin la presentación de estos méritos, que aportan una elevada puntuación, los demás opositores contaban con más posibilidades de hacerse con el puesto. Sin embargo, el tribunal optó por abrir un segundo periodo para que los "olvidadizos" presentasen la documentación, algo que los recurrentes consideran que les perjudica y que supone un agravio hacia ellos. Por ello, además de recurrir a la Agencia de Protección de Datos, algunos han acudido al Tribunal Contencioso Administrativo, que deberá determinar sobre la corrección o no de la oposición. En caso de que el juzgado diese la razón a los que han recurrido, la oposición quedaría anulada, lo que afectaría a las 32 personas que han aprobado los exámenes, para un total de 17 puestos.

Las presuntas irregularidades de estos exámenes fueron dadas a conocer el pasado mes de octubre por el grupo municipal de EA, que alertó de la posibilidad de que esta situación terminase por anular la oposición.

Ahora, fuentes del sindicato ELA recuerdan que pidieron al Ayuntamiento una suspensión cautelar de la oposición ante el elevado número de alegaciones que se presentaron en su momento.

Recusación Por otra parte, el mismo opositor al que la Agencia Vasca de Protección de Datos ha dado la razón en la existencia de una infracción sostiene en el pleito ante el Contencioso Administrativo que dos de los miembros del tribunal de la oposición debían ausentarse de él porque, según dice, son parte interesada.

El opositor disconforme con el proceso asegura en su demanda que uno de los miembros de tribunal es primo del padre de uno de los aspirantes que resultó beneficiado con el segundo plazo que se abrió para la presentación de méritos. Asimismo, sostiene que otro miembro del tribunal tenía que haber abandonado la mesa de calificación porque dos de los aspirantes trabajaban a sus órdenes en el mismo departamento. Ambas recusaciones fueron expuestas en el transcurso del proceso de oposición, aunque no fueron admitidas y ahora están siendo analizadas por el contencioso.