La forma de producir, distribuir y consumir alimentos está cambiando. La alimentación siempre ha sido una necesidad básica, pero en los últimos años se ha convertido también en un asunto de salud pública, de sostenibilidad ambiental y de peso económico. La CAPV y Navarra, dos comunidades con un fuerte sector agroalimentario, reflejan bien esta transformación en marcha, que combina nuevas leyes, retos laborales y una apuesta creciente por la proximidad.
Normas estrictas
La normativa es uno de los ejes de este cambio. En 2015 se aprobó la Ley de defensa de la calidad alimentaria, que estableció controles más exigentes en toda la cadena y sanciones frente a incumplimientos, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y la seguridad de los productos. Una década después, en 2025, ha entrado en vigor la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que busca frenar una cifra preocupante: según el Ministerio de Agricultura, en los hogares españoles se tiran cada año más de 1.364 millones de kilos de comida. La nueva norma obliga a productores, distribuidores y restaurantes a diseñar planes de prevención, priorizar la donación de excedentes o su transformación en piensos antes de tratarlos como residuos. A partir de abril de 2026 todos los agentes deberán tener implantados estos planes.
Los comedores escolares han sido otro ámbito de regulación. En la CAPV, desde septiembre de 2024 rige una orden que regula su funcionamiento, con criterios de supervisión sanitaria, personal y financiación. A nivel estatal, un decreto aprobado este año establece que los menús de los colegios deberán incluir fruta y verdura frescas a diario, que al menos el 45% de las hortalizas sean de temporada y que un 5% proceda de producción ecológica. También se limitan los ultraprocesados y se eliminan las bebidas azucaradas y la bollería industrial. Se trata de medidas que pretenden mejorar la salud infantil y, al mismo tiempo, dar salida a productos de proximidad.
Un sector que da empleo, pero envejecido
El sector alimentario es también un motor de empleo. Según el último informe de Randstad Research, publicado en septiembre de 2025, la agricultura, la ganadería y la pesca dan trabajo a 759.000 personas en el Estado, lo que supone un ligero descenso del 0,4% respecto al año anterior. La gran mayoría de estos trabajadores, un 93%, se concentran en la agricultura y la ganadería, mientras que la silvicultura, la pesca y la acuicultura han sufrido un retroceso más acusado, con un 22,5% menos de ocupados.
El informe advierte además de un problema estructural: el envejecimiento de la plantilla. Más de la mitad de los trabajadores tienen más de 45 años, lo que complica el relevo generacional. Aunque el grupo de jóvenes de entre 25 y 34 años ha crecido ligeramente, la franja de 35 a 44 años se ha reducido. El empleo femenino, sin embargo, avanza: las mujeres representan ya el 27,8 % del total, frente al 23 % de 2019. A pesar de esta mejora, la brecha de género sigue siendo evidente y la temporalidad laboral continúa siendo un obstáculo para atraer a nuevas generaciones al sector.
En la CAV, la cadena de valor de la alimentación supone alrededor del 10,7% del Producto Interior Bruto y genera más de 143.000 empleos. La industria alimentaria factura en torno a 4.800 millones de euros y emplea directamente a más de 15.000 personas en producción, transformación y distribución. Por su parte, el sector agroalimentario es la segunda gran área de la economía navarra. Es un sector dinámico donde la cadena de valor representa el 5% del PIB regional y genera 15.800 empleos directos. La comunidad foral se ha consolidado como un polo agroalimentario de referencia gracias a la diversificación de cultivos y a la presencia de empresas de transformación con proyección nacional e internacional.
La cadena de valor de la alimentación supone
- un 10,7% del PIB de la CAPV
- un 5% del PIB de Navarra
La sostenibilidad en el centro
La sostenibilidad se ha convertido en un eje prioritario. Navarra ha incrementado en un 3,8% la superficie agraria destinada a producción ecológica, alcanzando ya las 73.000 hectáreas, lo que supone el 7,9% del suelo cultivable. La CAPV, por su parte, apuesta por reforzar los circuitos cortos de distribución y el consumo de productos de kilómetro cero, que reducen la huella ambiental y fortalecen la economía local. Los comedores escolares se han convertido en un laboratorio práctico de esta transición: la compra pública de alimentos frescos y de temporada no solo mejora la alimentación infantil, sino que también apoya al sector primario y asegura ingresos para agricultores y productores locales.
