Un día como hoy de hace un año la tragedia hizo presa en miles de familias que se vieron expuestas a los rigores de una meteorología extrema en el levante peninsular, con una incidencia especialmente trágica en la Comunidad Valenciana. Las vidas de 229 personas se truncaron ese 29 de octubre y las de miles más soportaron un antes y un después de sus esperanzas, sus confianzas y sus percepciones.

Un suceso de semejante calado debería ser el detonante de una reacción inmediata en todos los ámbitos implicados: desde la responsabilidad pública, a la empatía social, sin olvidar el mecanismo que marca la percepción de la realidad en nuestros tiempos: la obligada deontología informativa que, una vez más, se vio arrastrada por el mismo lodo sobre el que se pretendió construir espacios de interés espurio al margen de la veracidad.

Es preciso admitir que algunos de esos aprendizajes, dolorosos, pueden haber calado. La frivolización del impacto ambiental y sus fenómenos más extremos no ha desaparecido del todo, pero sí ha sido atenuada, como muestran las recientes alertas preventivas que, en otras circunstancias, quizá no habrían sido igualmente diligentes. Del mismo modo, si algo persiste un año después del drama vivido es la empatía mostrada por la ciudadanía anónima, con miles de voluntarios aportando desde el altruismo más absoluto su trabajo, sus medios económicos y su tiempo.

Las imágenes de miles de personas recorriendo varios kilómetros entre el barro para llegar donde no lo hacían los medios oficiales reconcilia con la demasiadas veces adormecida humanidad. Pero la satisfacción no puede ser completa en tanto el amarillismo, la manipulación informativa, los bulos interesados o simplemente irresponsables que se vivieron con nitidez en los días posteriores a la dana siguen siendo una actividad, una estrategia de influencia, de negocio y de puro e insensible ocio.

Poco más se puede decir en torno a la inoperancia de los poderes públicos, de su utilización del dolor de espaldas a los intereses ciudadanos y de la falta de asunción de responsabilidades políticas en una gestión desastrosa e incompetente. La verdad que se debe a los damnificados queda en manos de la acción de la Justicia, que tendrá que desbrozar unos hechos que el poder político en Valencia no ha querido afrontar.