La experiencia de la crisis del decreto ómnibus debería servir para extraer conclusiones a todos sus protagonistas. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto que los márgenes para restaurar la mayoría de la investidura son amplios si se manejan con diálogo. Los pulsos que Junts y PSOE han mantenido han pasado de considerar insalvables determinados gestos políticos –la cuestión de confianza o el cara a cara de Sánchez y Puigdemont– a quedar soslayados sin excesivo problema por mor de la necesidad de evitar un coste político superior. Le ha sucedido igual al Partido Popular, cuyo rechazo inmisericorde a las medidas del decreto ha acabado convertido en un sapo que Núñez-Feijóo ha debido tragarse tan pronto como la restauración de la mayoría parlamentaria suficiente ha hecho irrelevante su discurso ideológico y su acoso al PNV. No es menor el aprendizaje que debería extraer el partido que aspira a aglutinar al centroderecha español, que en esta ocasión había vuelto a priorizar su campaña de desgaste del Ejecutivo, supeditando a ella medidas cuya negativa a aprobar impacta en el bienestar y la calidad de vida de los votantes a los que aspira a convencer. Del mismo modo que al PSOE no le basta ya para ser atractivo evitar la perspectiva de un gobierno con presencia de la extrema derecha –como en las autonomías que gobierna el PP–, al partido de Núñez-Feijóo no le renta la estigmatización de Sánchez como aglutinador del voto en su beneficio. Pero las conclusiones de esta crisis deben servir, en primer lugar, al propio Gobierno español y al PSOE para comprender definitivamente que gobernar sin mayoría absoluta implica actuar con la prevención de cohesionar el respaldo que precisa. La unilateralidad de demasiadas decisiones –muchas con protagonismo de Yolanda Díaz– sigue siendo un factor de inestabilidad de la relación con aquellos que deben otorgarle su confianza. Los escenarios legislativos deben trabajarse anticipadamente y no solo confiar en que sigan la estela de los tiempos y necesidades del Ejecutivo. Ejemplo claro de ello son los presupuestos de 2025, que deberían ocupar ahora lugar preeminente en la agenda del Gobierno y cuyas posibilidades de prosperar han crecido tras el último acuerdo con Junts. Un mayor celo en enhebrar complicidades los dotaría de viabilidad.