La revalorización de las pensiones; las subvenciones a los usuarios del transporte público; la moratoria en los desahucios de familias vulnerables y en los cortes de suministros básicos; las ayudas a damnificados por desastres naturales en Valencia y La Palma... Son las principales –no todas– consecuencias del veto del PP y Junts al decreto ómnibus del Gobierno.
A ningún observador se le escapa que el alcance del daño causado requiere de una explicación razonada, comprometida y de alcance que justifique provocar la inquietud y el deterioro real de la calidad de vida de millones de ciudadanos cuando se aspira a gobernarlos.
El PP, que no puede explicar a esa ciudadanía que sus intereses pasan por impedir que el PSOE gobierne incluso a costa de su bienestar, intenta justificarse con un bulo tan evidente que sonroja: su negativa al supuesto “regalo” al PNV del inmueble que le incautó el fascismo en París. Un asunto tan menor como la restauración de una propiedad no tapa la responsabilidad del partido de Núñez Feijóo por su instrumentalización de la acción política cuando causa tanto daño.
El relato del PP oculta su propio compromiso incumplido con la devolución de ese patrimonio en concreto, pero es coherente con su actitud históricamente negacionista y contraria a la restitución de bienes apropiados por la dictadura franquista a partidos, sindicatos, asociaciones y particulares en beneficio de una nueva clase económica afín al régimen en España que aún hoy se beneficia, influye y aspira a orientar la política también en democracia.
El presidente de la sucursal del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, afirmaba ayer que “se está mintiendo mucho en relación con esta materia”. Podría haber sido el inicio de una confesión que desactivara la polémica admitiendo el interés de su partido en desestabilizar a los jeltzales en pleno proceso de renovación de su Ejecutiva. No lo fue y resultaría grotesca su amenaza de denunciar ante la Justicia por financiación irregular al PNV con motivo de la devolución de su patrimonio, habida cuenta del historial judicial de su partido con sentencia firme que salpica los mandatos de Aznar y Rajoy, sustentos del de Feijóo. Pero este tipo de estrategias han servido en el pasado al PP para activar mecanismos de lawfare con los que intimidar a sus rivales políticos.
