La semana de las elecciones europeas acoge movilizaciones del sector agrario como las registradas en Bruselas o las 24 horas de bloqueo en Biriatou y La Jonquera como expresión de un malestar ante las difíciles condiciones de actividad. De este malestar hacen causa diversas fuerzas políticas con las propuestas más populistas de derecha e izquierda. El relato que se acuña para adherirse y fomentar el desencuentro con las políticas comunitarias no se acompaña de recetas de solución más allá de la genérica descripción de un ideal casi bucólico de la actividad agroganadera en Europa. Pero las medidas concretas que es preciso consensuar para mantener en condiciones de dignidad, calidad de vida profesional y sostenibilidad económica y ambiental requieren mucho más que eslóganes. En primer lugar, es inoportuno pretender hacer tabla rasa de las distintas realidades del sector. Ni el señalamiento sistemático de las políticas de protección ambiental ni su atrincheramiento aportan soluciones. La suspensión de medidas en favor de la protección ecológica de los entornos de actividad conlleva su deterioro; la aplicación rigurosa de condiciones diseñadas de espaldas a la propia actividad, también. Fomentar y proteger la agricultura familiar, la autónoma o la de montaña es imprescindible pero acuñar discurso de soberanía alimentaria en términos absolutos no resuelve los problemas. No es generalizable como solución para la alimentación del volumen de la población europea si conlleva el descarte de explotaciones mayores a menor coste, ni impide la dependencia de importaciones, ni solventa la generación de costes competitivamente lastrados, ni el diferencial de precios entre el pago al productor y la venta al consumidor –los precios se multiplican por cinco o por siete entre origen y venta final–. En el relato político faltan mecanismos en favor de los diferentes perfiles de la actividad. Fórmulas prácticas que garanticen la seguridad alimentaria sin cargar la responsabilidad exclusiva y la gestión burocrática sobre el pequeño productor, debilitando su competitividad; garantías de calidad frente a importaciones, de precios sobre costes y de control de inflación. Sostenibilidad, en definitiva, de un sector que es estratégico, de calado social y reclama compromisos técnicos y económicos.