La financiación de las comunidades autónomas es el elefante en medio de la habitación en la que se debate su modelo de articulación del Estado. La demanda del president del Govern catalán de obtener una financiación similar a del Concierto de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Convenio de la Foral Navarra ha agitado un cruce de discursos que conviene fijar a la realidad. En primer lugar, la financiación autonómica de un estado descentralizado demanda, ciertamente, modelos de suficiencia y equilibrio. El volumen de competencias descentralizadas exige mecanismos para garantizar la prestación de servicios. Pero resulta imprescindible recordar también que el debate del modelo no comienza con la reclamación de Aragonès, coincidente con la convocatoria electoral catalana. De hecho, hace más de 45 años que comenzó a definirse y es conocido el rechazo de Catalunya a un modelo de cupo y concierto entonces. En un entorno de crisis y desindustrialización, con tasas de paro desbocadas, el modelo fiscal de riesgo unilateral que asumieron los territorios forales no le resultó atractivo. Debe recordarse a quienes aún hoy pretenden sembrar dudas sobre la legalidad del modelo que la autonomía fiscal fue demanda del soberanismo vasco pero está basada en el derecho foral, amparada por la normativa básica constitucional y estatutaria –Ley de Amejoramiento del Fuero en el caso de Navarra– y con mecanismos de bilateralidad desde su origen. Es decir: es el modo en que los territorios forales participan de la estructura administrativa del Estado democrático y su cuestionamiento unilateral rompería ese vínculo. Igualmente, a quienes cuestionan su solidaridad convendrá refrescar los mecanismos de la misma, más allá del sistema de Cupo: el Fondo de Compensación Interterritorial, al que CAPV y Navarra son aportadores netos, como lo son al pago de los intereses de la deuda del Estado sin recibir contraprestación para afrontar la suya propia. En términos de solidaridad y equilibrio, la asignatura pendiente del Estado no es el Concierto o el Convenio sino que descentralice la generación de riqueza con un modelo de desarrollo y crecimiento equilibrado cuya ausencia provoca la transferencia sistemática de recursos fiscales para compensar carencias territoriales.
