La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre, que fue aprobada con los votos del bloque de investidura de Pedro Sánchez, incluidos PNV y EH Bildu tras lograr la introducción de varias mejoras, y con el rechazo de la derecha de PP, Ciudadanos, Vox y UPN, ha comenzado a dar sus primeros frutos en el Estado, siquiera a nivel simbólico. Tras la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019 –anterior, por tanto, a la nueva ley–, esta pasada semana se ha procedido a las extracciones de la Basílica de La Macarena en Sevilla de los cuerpos de los generales fascistas Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Bohórquez, responsables de un verdadero genocidio con el asesinato de más de 40.000 personas y de la organización de miles de otras ejecuciones sumarias durante la Guerra de 1936. A la espera de las próximas exhumaciones del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos y de los militares franquistas José Moscardó y Jaime Milans del Boch del Alcázar de Toledo, quedan, además de estos actos simbólicos aunque importantes, otras actuaciones quizá aún más primordiales en cumplimiento de la ley. Según cálculos aproximados, quedan alrededor de 114.000 personas desaparecidas y enterradas en fosas comunes o en cunetas durante la guerra y la dictadura franquista cuya búsqueda, exhumación, identificación y entrega a sus familiares es obligada. Una tarea para la que es necesaria la implicación e impulso decidido del Gobierno español, también en materia de financiación. En este sentido, Euskadi tiene mucho trabajo adelantado gracias al programa de búsqueda de personas desaparecidas de la Guerra Civil desarrollado por el Gobierno Vasco, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que ha dado lugar a 128 localizaciones de fosas, 46 de ellas con resultado positivo, y a la exhumación de más de un centenar de restos con la identificación de 27 víctimas y su entrega a las familias. Intervenciones a las que se suman actos de homenaje y recuerdo, como el celebrado ayer en Labastida. Son actuaciones imprescindibles de dignidad hacia las víctimas y de obligación democrática basadas en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, pese a los indecentes e innobles obstáculos que impone la derecha.
