La administración concursal de Bruesa deberá devolver honorarios cobrados de más

La administración concursal que gestionó la liquidación de la donostiarra Bruesa Construcciones, liderada por PWC y la consultora vasca Zubizarreta, deberá devolver 385.144 euros en concepto de honorarios cobrados indebidamente en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre un recurso presentado por la Diputación de Gipuzkoa al no estar de acuerdo con los pronunciamientos en contra anteriores del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia primero y de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa después.

Periodo de 18 meses

La entidad foral se apoya en una ley promulgada en septiembre de 2015 en la que se establecía un periodo de 12 meses durante los que las administraciones concursales podían cobrar honorarios por sus trabajos en las fases de liquidación, plazo que se podría extender otros seis meses más si el juez consideraba que el caso presentaba complicaciones. La ley se redactó con el objetivo de no alargar demasiado los procesos concursales para compensar cuanto antes a los acreedores. En el caso de Bruesa, la delimitación de 18 meses era adecuada dado lo complicado del caso al ser una empresa de grandes dimensiones y propiedades en múltiples localizaciones.

La fase de liquidación se abrió en diciembre de 2015 y, según la ley, la administración concursal debería haber cobrado sus honorarios hasta junio de 2017 pero, según la Diputación de Gipuzkoa, el equipo liderado por PWC y Zubizarreta siguieron recibiendo pagos en 2020 y 2021 y en su recurso de casación reclama tanto los percibidos entre el 5 de octubre de 2020 hasta el 15 de febrero de 2021, “así como de las que haya podido percibir con posterioridad”, según dicta la sentencia del Tribunal Supremo. Estas cantidades se han establecido en 385.144 euros que ahora se ven obligada a abonar la administración concursal.

Concurso complicado

El Grupo Bruesa, con sede en Donostia, fue acumulando elevadas deudas desde la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 hasta que tres años después declaró el concurso de acreedores tanto para su constructora, Bruesa Construcción, como para Bruesa Inmobiliaria, que presentaban una deuda de alrededor de 600 millones de euros. En 2013 logró alcanzar un convenio de pago con sus acreedores que le sacó temporalmente del concurso de acreedores, pero al siguiente año tuvo que volver a declararlo después de que la Agencia Tributaria solicitara la liquidación del grupo por haber incumplido ese convenio.