La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, censura en su último informe la participación de la empresa guipuzcoana CAF en el proyecto de tren ligero de Jerusalén, al considerar que esta línea contribuye a "establecer y ampliar las colonias".
Una versión adelantada del informe, que será presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se hizo pública ayer y en ella se denuncia que Israel ha establecido una "economía del genocidio" en Gaza y Cisjordania, de la que se benefician multinacionales de sectores como el tecnológico, el bancario o el armamentístico.
Líneas roja y verde
En dicho informe, tal y como ha señalado este miércoles la plataforma BDZ del País Vasco, se cita la participación de CAF en el proyecto de mantenimiento y ampliación de la Línea Roja del metro ligero de Jerusalén y en la construcción de la nueva Línea Verde. Según consta en el documento, "estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Oeste".
Albanese señala que este tipo de infraestructuras tienen como objetivo "establecer y ampliar las colonias y conectarlas con Israel", excluyendo a los palestinos. Recuerda que CAF se unió a un consorcio con una empresa que está incluida en la base de datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de que otras compañías se retirasen del proyecto "por la presión internacional".
CAF, que comenzó el proyecto en 2019, también ha sido sometida a presión para abandonar esta infraestructura, e incluso Amnistía Internacional ha planteado el asunto en las últimas Juntas Generales de Accionistas de la compañía vasca.
Exigencia de retirada
Tras conocer la inclusión de la empresa en el informe de la relatora, la plataforma BDZ y el Comité de Solidaridad con la causa Árabe (CSCA) han exigido, en un comunicado, que CAF "se retire definitivamente de cualquier proyecto con la administración pública del régimen genocida de Israel, asumiendo los costes de reparación de esta medida".
También piden a los gobiernos vasco y navarro y a los accionistas de Kutxabank Cartera Social que "de manera inmediata, empleen su capacidad de presión", incluyendo las compras públicas y la participación accionarial del Ejecutivo autonómico, "para que CAF se retire de este proyecto".
