“En el caso de la vivienda, el problema de base no es que los jóvenes necesiten más deducciones fiscales, sino la falta de oferta y los precios”

Eduardo Pardo, profesor de la Universidad de Deustoy socio de Arruti Abogados, participa hoy en una jornada organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto en torno a la reforma fiscal de Gipuzkoa en la que también estará presente Itziar Agirre, diputada foral de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa. El coloquio abordará las principales novedades de la norma de inminente aprobación como la regulación de deducciones por conciliación, los incentivos fiscales para colectivos vulnerables, o el aumento hasta el 35% de la deducción por alquiler de vivienda habitual a jóvenes. 

La reforma introduce nuevas deducciones por conciliación y beneficios fiscales para colectivos vulnerables. ¿Qué valoración hace de este giro más social en la política fiscal de Gipuzkoa? 

Aunque gran parte de las opiniones especializadas, con las que coincido, parten de que es más eficaz dar ayudas directas a los colectivos vulnerables, en vez de deducciones fiscales, por mi parte valoro positivamente este giro. 

Se ha planteado un aumento de la deducción por alquiler de vivienda habitual para jóvenes. ¿Puede esta medida aliviar realmente la carga fiscal de este colectivo y facilitar su emancipación? 

Partiendo de que las medidas fiscales en relación con el acceso a la vivienda son positivas, es imposible que, por sí mismas, puedan solucionar el serio problema que existe. Es por ello por lo que resulta necesario coordinarlas con una normativa sustantiva sobre el suelo y la vivienda, y con un desarrollo económico acorde. El problema de base no es que los jóvenes necesiten más deducciones fiscales para acceder a la vivienda, aunque ello les ayude, sino la falta de oferta, el aumento de los precios y sus condiciones personales, laborales y económicas.  

¿Qué papel cree que juegan los incentivos por conciliación y vivienda para jóvenes en una reforma de carácter eminentemente económico?  

Los beneficios fiscales de esta reforma están muy enfocados en las personas físicas, concretamente en determinadas personas físicas (jóvenes y colectivos vulnerables). Por ello, los incentivos a la conciliación y a la vivienda me parecen coherentes con la finalidad perseguida por la reforma. 

Uno de los elementos más debatidos es la retroactividad de la reforma. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué implicaciones prácticas puede tener? 

Dado que ya se conocía gran parte del contenido de la reforma desde hacían tiempo, no creo que su retroactividad pueda conllevar grandes sorpresas a quien haya estado al tanto de su desarrollo. 

En cuanto a los incentivos fiscales previstos para colectivos vulnerables, ¿cree que serán suficientes para tener un impacto real en la reducción de desigualdades? 

Desgraciadamente, creo que su efecto práctico en estos colectivos vulnerables será, en buena parte de los casos, limitado. En relación con estos colectivos, se ha demostrado que las ayudas concretas y directas son más eficaces que las deducciones fiscales generales, dado que permiten actuar “con bisturí” en los casos en los que realmente son necesarias y hasta el grado exacto en que son necesarias. Sin embargo, lo expuesto no es obstáculo para que haya que valorar positivamente la intención de la reforma en este sentido y reconocer que también existen casos relevantes dónde sí va a tener un impacto real como, por ejemplo, en las medidas para facilitar el acceso a la vivienda, principalmente para nuestros jóvenes. 

Desde su experiencia profesional, ¿cómo está reaccionando el tejido empresarial ante las nuevas medidas que se avecinan? ¿Existe incertidumbre, preocupación o consenso? 

Lo cierto es que, desde una perspectiva empresarial, esta reforma no ha cumplido las expectativas que habían generado las diferentes propuestas realizadas por el sector. Así, el hecho de que no se hayan incluido gran parte de las reformas reclamadas por el sector empresarial, sumado a varias medidas, en mi opinión, desafortunadas como el aumento del tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, el incremento de cuota sobre beneficios extraordinarios, o el aumento de los tipos máximos de la Base del Ahorro en el IRPF, han llevado a una fría acogida de la reforma por gran parte del sector empresarial.  

¿Considera que esta reforma va en la línea de otras reformas fiscales recientes en el ámbito estatal o europeo, o se distancia por algún aspecto clave? 

Debemos tener en cuenta que Euskadi, y Gipuzkoa en particular, disponen de unas características propias que hacen necesario medidas fiscales particulares, diferentes a la que puedan necesitarse en el resto del estado o a nivel europeo. Así, el problema concreto del acceso a la vivienda, la composición del tejido empresarial o la gran cantidad de pymes y empresas familiares, hacen que la fiscalidad deba estar muy centrada en nuestras particularidades. 

Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles diría que son los retos más importantes que deberán abordar tanto las asesorías fiscales como la propia administración en la aplicación de esta reforma? 

Uno de los principales retos es el aumento de la complejidad del sistema fiscal, que esta reforma no hace sino agravar. Estamos llegando a un punto de complejidad y de falta de seguridad jurídica en el ámbito tributario para las empresas, los particulares y los propios profesionales, que está comenzando a suponer un serio lastre para la actividad empresarial y ciudadana diaria.