- El Senado dio luz verde ayer a hacer un llamamiento al Gobierno español para implementar varias medidas para flexibilizar los requisitos del estatuto del consumidor electrointensivo, de manera que facilite superar las dificultades que suponen algunos de ellos para las empresas.
A instancias del Grupo Parlamentario Vasco, la mayoría de la Cámara (todos salvo PP, Vox, UPN y excomponentes de Ciudadanos) aprobó un texto que “favorece la competitividad de las empresas y su capacidad de generar valor para toda la sociedad en forma de empleo y nuevos productos y servicios”, según explicó la senadora del PNV Mertxe Garmendia.
La jeltzale evidenció la necesidad de adoptar medidas estructurales en el sector energético y facilitar el cumplimiento, por parte de los consumidores electrointensivos, de la obligación de contratar al menos un 10% de su consumo eléctrico anual mediante instrumentos a plazo.
De la misma manera, y a la espera de que el Gobierno español cumpla con el mandato de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que en febrero aprobó, a instancias de EAJ-PNV, crear un séptimo tramo tarifario nocturno más barato para las empresas, se acordó trabajar para optimizar el umbral de consumo requerido a los consumidores electrointensivos en el período P6.
“Además de hacerlo viable, ya que resulta complicado que la mitad del consumo sea en ese tramo, más aún cuando este se ha reducido y cuando la obligación de realizar inversiones en mejoras energéticas cada cuatro años tiene incidencia en los procesos de producción, también se logra que el consumo siga siendo elevado en horas de baja demanda, contribuyendo así al correcto funcionamiento del sistema eléctrico”, señaló Garmendia.
La moción aprobada también prevé agilizar al máximo la concesión de las ayudas por compensación de los costes indirectos de CO2, que pasarán de ser abonadas al año siguiente al de la convocatoria, a hacerlo durante el mismo año.
En la misma jornada se conoció la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea de la llamada “excepción ibérica” que permitirá a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad durante un periodo de doce meses para abaratar la factura de hogares y empresas.
El Ejecutivo comunitario estimó que la medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, tendrá un coste total de 8.400 millones de euros, de los cuales 6.300 millones corresponderán a España y 2.100 millones a Portugal. De esta forma, Bruselas da su visto bueno al mecanismo diez semanas y media después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, António Costa, consiguieran en una cumbre que el resto de líderes reconocieran las particularidades de la península ibérica.
El mecanismo fue aprobado por el Consejo de ministros el pasado 13 de mayo, pero todavía no se ha aplicado a la espera de recibir luz verde por parte de los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario.
A través del mismo, según explicó Bruselas, se concederá una “ayuda directa” a los productores de electricidad con el objetivo de financiar “parte” del coste incurrido al adquirir el combustible y el pago diario será calculado como la diferencia entre el precio de mercado del gas natural y el límite establecido en cada momento.
