a modificación de la Reforma Laboral, "Ley Mordaza" de por medio, se puede convertir en uno de los escollos más importantes que puede tener el Gobierno Sánchez para afrontar con cierta tranquilidad la mitad de la legislatura que le resta de mandato y en vísperas de procesos electorales autonómicos y municipales de importancia en el Estado, si persiste en no reconocer la singularidad política, económica, social y laboral de Euskadi y en condicionar su texto a un trágala con la amenaza sempiterna de que viene la derecha.
El respeto al Marco Vasco de Relaciones Laborales que defienden, tanto el PNV como EH Bildu, significa que, en el texto del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en el que se recoge el texto de la modificación de la Reforma Laboral para su aprobación por el Congreso, significa poner negro sobre blanco que los convenios de ámbito autonómico tienen prevalencia sobre los estatales, que son los que se favorecen en el pacto firmado por la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.
Y la razón no es otra que dejando las cuestiones claras y por escrito, evitar situaciones de conflicto cuando los sindicatos de obediencia estatal como CCOO y UGT puedan impugnar convenios firmados por la mayoría sindical vasca de ELA y LAB en el ámbito de Euskadi en base a un texto que puede tener poco recorrido en la interpretación de la norma por parte de los jueces, si no hay explicitaciones diáfanas en sentido contrario.
Se trata de acotar y establecer un marco que dé seguridad jurídica a la negociación colectiva de Euskadi, al margen del acuerdo interprofesional que, en virtud de la autonomía de las partes, pueden suscribir la patronal con los sindicatos vascos sobre la prioridad de los convenios firmados en Euskadi sobre los de ámbito estatal, como el firmado en el año 2017. Con ese marco jurídico se quiere evitar que en Euskadi se pueda aplicar un convenio que puede ser, al mismo tiempo, satisfactorio para las condiciones laborales y de salario de los trabajadores de Cuenca, por poner un ejemplo, y regresivo y perjudicial para los empleados vascos porque la situación socioeconómica de un lugar y otro son muy diferentes.
La cuestión no reside en "un debate político y filosófico, más que una preocupación real", como ha manifestado el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, minusvalorando de esta forma las posiciones que están defendiendo el PNV y EH Bildu, sino que es un asunto de calado, cuya inclusión en un texto normativo puede disipar muchas dudas y resolver situaciones de conflicto a futuro. Todo ello, al margen de reconocer una realidad política, económica, social y laboral que nada tiene que ver con la que pretenden ver los firmantes del acuerdo, tanto el Gobierno Sánchez, como la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.
Si como dice Zubiaurre no hay riesgo de que los convenios estatales prioricen a los autonómicos, ya que los convenios se negocian en ámbitos sectoriales y territoriales o provinciales, porqué el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no quiso subrayar aún más la jerarquía de los convenios autonómicos sobre los estatales, confusamente redactada en el Estatuto de los Trabajadores, amenazando que este punto podría dificultar el acuerdo con el Gobierno y los sindicatos estatales.
Si para Confebask no existe ningún problema en esta cuestión, cómo se entiende que la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo -y hasta hace unas semanas secretaria general del PSE-PSOE-, Idoia Mendia, reconociera que en el pasado mes de octubre transmitió a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno español, Yolanda Díaz, la necesidad de que en el texto del acuerdo de la Reforma Laboral se tuviera en cuenta el Marco Vasco de Relaciones Laborales y se incluyera la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales. A juzgar por el resultado, poco caso le hizo la líder de Unidas Podemos a las sugerencias transmitidas por la dirigente socialista.
Las declaraciones de Zubiaurre pidiendo que el PNV y EH Bildu realicen "un ejercicio de responsabilidad" para dar el visto bueno al pacto alcanzado por el Ejecutivo de Sánchez no han sentado muy bien en el seno de la formación jeltzale, que no esperaban un posicionamiento de esta naturaleza en una persona cercana al partido liderado por Andoni Ortuzar, sobre todo teniendo en cuenta la situación de confrontación que existe con Madrid. La pugna del PNV con Sánchez no está solo en la Reforma Laboral, sino también con el incumplimiento del acuerdo para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) pactada desde hace más de un año y que afecta, en este momento, a un punto medular del autogobierno como es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, recogida en el artículo 18 del Estatuto de Gernika, que ha contado desde siempre con la oposición del Gobierno central , da igual el color del partido que ocupe la Moncloa.
Sorprende que Confebask haya formado parte de esa pinza, a la que luego se ha añadido el Círculo de Empresarios, con el PSOE y Unidas Podemos -cuyos líderes en Euskadi están haciendo de mamporreros de los intereses de sus formaciones en Madrid-, para forzar al PNV a que vote a favor del decreto-ley o, cuando menos, se abstenga para dar naturaleza jurídica a un pacto firmado por una patronal y unos sindicatos insensibles a la realidad plurinacional del Estado español y que no cuentan con la legitimidad que tienen los partidos políticos sometidos al refrendo cuatrienal por parte de la ciudadanía.
Por mucho que se empeñen los defensores del acuerdo de la Reforma Laboral en sus diatribas contra el PNV y EH Bildu, lo que está claro es que el pacto nace cojo porque no se recoge un aspecto esencial como son las causas y cuantía de indemnización de los despidos de los trabajadores, así como el marco judicial, que no se han tocado y que fue una de las piedras angulares de la reforma impulsada por Rajoy. La Reforma Laboral de 2012 se centró, ante la imposibilidad de devaluar la moneda y con un paro del 26% en el Estado, en el abaratamiento del despido y la acentuación de la temporalidad de los contratos, más la bajada de los salarios de los nuevos contratos, profundizando la división entre trabajadores con empleos fijos y precarios. Al tiempo que se desarmaba a los sindicatos mediante la primacía de los convenios de empresa y la anulación de la ultraactividad de los convenios.
Con el actual acuerdo los empresarios han cedido en la limitación del bazar que suponían los contratos temporales, sin borrar la flexibilidad de los despidos, mientras los sindicatos han conseguido recuperar el ámbito estatal y sectorial de la negociación colectiva y la ultraactividad de los convenios colectivos. Un pacto por arriba, sin entrar en el fondo de la cuestión. ¿Alguien cree que la exministra de Empleo del PP, bajo cuyo mandato se aprobó la Reforma Laboral de 2012, y actual consejera y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, así como el exsecretario de Estado de Economía del PP y actual vicepresidente de la CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, hubieran apoyado -como lo han hecho, en contra, incluso de su propio partido liderado, ahora, por Pablo Casado-, el acuerdo con la "comunista" Yolanda Díaz y los sindicatos CCOO y UGT, si hubiera ido en contra de los intereses de los empresarios? La respuesta es clara y contundente.
Sorprende que Confebask haya formado parte de esa pinza, a la que luego se ha añadido el Círculo de Empresarios, con el PSOE y Unidas Podemos, para forzar al PNV
