- Google y la Comisión Europea empezaron ayer a exponer sus argumentos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una vista por la multa de más de 4.300 millones de euros que Bruselas impuso a la compañía en 2018 por considerar que firmó contratos ilegales con los fabricantes de dispositivos Android para fortalecer el dominio de su motor de búsqueda.

En la vista, que se alargará hasta el viernes, Bruselas acusa a Google de haber firmado contratos con fabricantes de teléfonos móviles y con operadores de redes obligándoles a instalar Google Search y Chrome en los dispositivos Android, a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.

Bruselas argumenta que desde 2011 estos acuerdos han sido ilegales porque el objetivo de Google ha sido proteger y fortalecer la posición dominante que tiene en el mercado.