- Este lunes comenzará en Gipuzkoa la campaña del IRPF y Patrimonio correspondiente a 2020, un año marcado por los efectos de la pandemia de coronavirus que mermará los ingresos en las arcas forales. El diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, ofrece las claves de esta campaña.

¿Cuáles son las principales novedades?

-Destacaría dos. La primera es nuestra apuesta por la digitalización con la plataforma Zergabidea que facilita la presentación de la declaración de la renta por medios telemáticos. La segunda, más que novedad, es reforzar el mensaje de que se utilice el euskera. Nuestro objetivo está en llegar en 2023 a 100.000 ciudadanos en euskera y ahora estamos en 80.000.

La Hacienda de Gipuzkoa, a diferencia de la de Bizkaia, ha decidido mantener la atención presencial. ¿Por qué?

-Debemos tener una estructura preparada para la vía telemática, pero somos una administración pública y tenemos que prestar un servicio de calidad. Hay un colectivo que por la complejidad de su casuística o porque valora la atención presencial acude a nuestras oficinas y le atenderemos en once con un equipo de 120 personas. En nuestras encuestas de calidad, los contribuyentes dan un 9 sobre 10 a esta atención presencial.

¿Cómo afectará el resultado negativo de 39 millones de euros superior al del año pasado?

-El efecto del covid es muy significativo con una caída del PIB del 9,2% y un aumento de 9.400 desempleados en Gipuzkoa. En este contexto, hemos reaccionado con 12 decretos forales norma con medidas fiscales para intentar apoyar y sostener a aquellos colectivos que más estaban sufriendo, y eso tiene un efecto fiscal. Pero apelo al trabajo que se ha realizado en los últimos cinco años respecto a reducir deuda, tener una entidad solvente, cumplir la regla de gasto€ que ahora nos va a ayudar. El acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico del 30 de septiembre del año pasado habilitaba un déficit para el 2021, que en nuestro caso es el 0,8% del PIB. Podemos recurrir a un endeudamiento y podemos sostener la actividad y los servicios que estamos prestando.

¿Qué medidas fiscales contra los efectos económicos del covid tendrán afección en esta campaña?

-Una es subir el mínimo para que sea obligatorio declarar de 12.000 a 14.000 euros. Respecto al tramo entre 14.000 y 20.000 euros, antes si había dos pagadores era obligatorio declarar y ahora si el segundo o ulteriores no superan la cantidad de 2.000 euros desaparece esa obligatoriedad. Esto afecta a unos 12.000 guipuzcoanos de los que el 66% son mujeres. La segunda medida está relacionada con la actividad económica y se refiere a la exención de tributar de las medidas que hemos ido trabajando en las diferentes administraciones vascas para paliar los efectos del covid-19.

Las retenciones por rendimiento de trabajo del IRPF aportan más que el Impuesto de Sociedades. ¿A qué es debido?

-En la campaña del año pasado dimos a las empresas la posibilidad de utilizar el 'carry back', esto es, que si estaban teniendo importantes pérdidas en 2020 podían no pagar por los beneficios que registraron en 2019. Circunstancias como compensar las pérdidas con los beneficios del año anterior y no pagar impuestos en 2020 afectan al resultado final.

¿Se detecta fraude en el IRPF y Patrimonio?

-Sí. En Patrimonio el año pasado fueron seis millones y el anterior fueron 13. En 2019, el 55% del fraude aflorado en la CAV con respecto a Patrimonio se registró en Gipuzkoa. Los principales impuestos donde se aflora fraude son IRPF, Patrimonio y Sociedades.

La cantidad que se estima recaudar por el Impuesto sobre el Patrimonio también es inferior a la de otros años. ¿Cuál es la razón?

-Patrimonio está muy vinculado a la evolución bursátil y, por ejemplo, hace dos años la Bolsa cayó un 14,97% con lo que la recaudación también lo hizo en 16 millones. El año pasado la bajada bursátil fue el 15% y Patrimonio cayó 7,6 millones.

Tras Madrid y Bizkaia, es el más bajo del Estado y hay voces que reclaman subirlo. ¿Qué postura defiende su departamento?

-Queremos diferenciar aquellos activos que generan actividad económica de los que son pura y llanamente financieros, porque a nuestro entender no es lo mismo aquel que tiene una empresa y genera riqueza y empleo que quien tiene fondos en el extranjero. Antes, los dos tributaban de la misma manera y ahora hay una estructura equiparable a la que existía en Bizkaia, Álava y Navarra que diferencia activos productivos de improductivos, activo industrial de financiero.

¿Se contemplan cambios?

-De cara a futuro podemos estudiar mejoras, pero en la línea de preservar la actividad industrial, que genera riqueza a largo plazo para el territorio, y que no sea un impuesto que penalice esta parte del patrimonio de las personas que estén en Gipuzkoa. Si no nos quedamos en Madrid y Bizkaia y miramos hacia Europa, constatamos una tendencia clara que considera que el Impuesto del Patrimonio no es el correcto para la distribución de la riqueza, y la transición que hemos hecho nosotros hacia la diferenciación de activos productivos e improductivos por ejemplo en Francia e Italia ha ido por esa línea.

¿Qué porcentaje de fallidos se prevé para este año?

-Por el momento la solicitud de aplazamientos y de fraccionamientos no ha aumentado de manera significativa, diría que se ha mantenido plano. En este sentido, hay que recordar que el año pasado se inyectó mucho dinero en el sistema a través de las líneas ICO y Elkargi. Yo creo que en 2020 el tejido productivo en general tuvo financiación avalada por el Gobierno Vasco y Elkargi. Pero hay otro elemento importante, y menos conocido, que es una ley adoptada el año pasado por la que aunque una empresa estuviera en situación de concurso, no tenía que solicitar el concurso ni que hubiera administración concursal. Se adoptó hasta el 31 de diciembre de 2020, para luego prorrogarse en primer término hasta el 14 de marzo y después hasta el 31 de diciembre de este año.

¿Cuáles son sus consecuencias?

-El año pasado en Gipuzkoa hubo 120 concursos, que es la mitad de los que se produjeron en 2012 y 2013, en el pico de la anterior crisis. Las diferentes medidas que se han ido adoptando han tenido como resultado no aflorar la situación real, que tengamos 11.500 personas en ERTE a finales del año pasado hace que la tasa de paro del 9,4% haya que cogerla con pinzas, como las del resto de países europeos, que están igual. El hecho de que esta ley permita que aunque una empresa esté en situación de concurso no lo declare, permite que no aflore el número de concursos real. Pero todo esto tiene un límite. La principal fuente de ingresos de las empresas son las ventas y en tanto en cuanto no se produzcan, llegará un punto en el que ya no se puede sostener más.

En ese momento, ¿cómo responderá Hacienda?

-Nosotros estamos preparados, y tenemos más personas y la tecnología requerida para ser más ágiles en la resolución. Siempre nos hemos preocupado por contestar rápido a una petición de aplazamiento porque si no, podemos ser el origen de que la empresa cierre. Cuando hay una operación de reestructuración nosotros tenemos que contestar rápido y en la medida que se produzca la desescalada de estas medidas iremos viendo realmente dónde nos vamos situando a efecto del impacto del covid-19.

¿Las empresas mantienen interés por los incentivos fiscales?

-En un primer momento el tejido productivo pensaba más en sobrevivir que en incentivos. Los ERTE eran una figura nueva, había gente mirando el BOE a las doce de la noche del domingo... En ese contexto difícilmente el tejido productivo pensaba en I+D o en invertir. Pero ahora el ritmo de consultas se está acelerando porque se han dado cuenta de que quizá no estaban organizados de la manera más adecuada, por lo que hay reestructuraciones empresariales y nichos a los que tienen que acudir y hacer inversiones. Hay movimiento.