Corrugados Azpeitia: el Gobierno Vasco cree que falta voluntad política para reactivar la actividad

Arantxa Tapia advierte al Ayuntamiento de Azpeitia de que "pone en riesgo" el proyecto

19.03.2021 | 00:58
Instalaciones de Corrugados Azpeitia donde Cristian Lay quiere reanudar la actividad.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, afirmó este miércoles que "el nudo" que dificulta la reanudación de la actividad en Corrugados Azpeitia no tiene que ver con cuestiones medioambientales ni urbanísticas, sino que es "un problema político" y, en este sentido, advirtió al Ayuntamiento de Azpeitia de que "está poniendo en riesgo" este proyecto.

En una comparecencia en el Parlamento vasco, Tapia consideró que los escollos que debería sortear Cristian Lay, el grupo empresarial que quiere reactivar Corrugados Azpeitia, relativos a obtener una declaración de impacto ambiental y dar cabida a una actividad industrial en el plan urbanístico de la localidad son solventables, por lo que este proyecto "podría arrancar en breve plazo con todas las garantías".

Por este motivo, calificó de "incomprensible" la actitud del Consistorio azpeitiarra. El pasado miércoles la entidad municipal convocó una reunión para explicar la situación a los más de dos centenares de vecinos que acudieron y su postura, que defiende que los hornos se trasladen de su ubicación actual, en el entorno urbano, a Trukutxo, otra zona más alejada.

En este encuentro, los responsables municipales no descartaron la posibilidad de convocar una consulta popular para que sean los ciudadanos del municipio quienes decidan la ubicación. A este respecto, la consejera de Desarrollo Económico lamentó que el Ayuntamiento utilice "como excusa la soberanía del pueblo" en lugar de "dar su beneplácito" a un proyecto que ya cuenta con el respaldo del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Consideró, además, que si los responsables municipales están dispuestos a convocar una consulta popular es porque el proyecto "es jurídicamente posible". "No existe ningún problema urbanístico, es un problema político", incidió.

Tras recordar que los planes de Cristian Lay significarían la creación de 700 puestos de trabajo directos e indirectos y señalar que los vecinos de Azpeitia deberán decidir "si prefieren una actividad urbanística al desarrollo de una actividad industrial", aseguró que la consulta frenaría un proceso que exige urgencia.

Así, recordó que el grupo empresarial "quiere una respuesta rápida" un mes después de haber planteado su proposición y "no se le puede hacer esperar". La actitud del Consistorio de Azpeitia, en su opinión, "pone en riesgo" el proyecto. "Las oportunidades hay que cogerlas cuando pasan", advirtió la consejera de Desarrollo Económico.