oy hace un año que el Gobierno de Sánchez decretó el estado de alarma y el confinamiento de los ciudadanos que, tras ir suavizándolo con medidas menos restrictivas, no desapareció en su totalidad hasta el 21 de junio. Una fecha que quedará grabada en la memoria de todos nosotros porque, de manera más o menos directa, nos hemos visto afectados por el fallecimiento de un familiar o de una persona próxima a causa del covi-19, el miedo al contagio en medio de una situación de colapso de los hospitales ante una pandemia que nadie sabía cómo atajar, la incertidumbre generada por una caída de la actividad económica como nunca antes se había visto, la falta de perspectivas ante un futuro desconcertante, etc.
La mayor crisis sanitaria jamás conocida por la Humanidad ha dado lugar a la mayor recesión económica a nivel mundial de la que se tenga constancia y de la que nos va a costar salir, una vez que agoten las herramientas como los ERTE, las ayudas directas o las líneas de crédito con condiciones ventajosas que, a modo de potentes analgésicos, se han inyectado en nuestro tejido empresarial y que se van acercando a su fecha de caducidad con lo que el panorama deviene en una mayor incertidumbre.
Y en esta situación hay que hacer mención al sector de la hostelería, que incluye las actividades de restauración y alojamiento, por haber sido el que más se ha visto perjudicado por las consecuencias de esta pandemia, no ya por la falta de actividad con motivo del confinamiento, sino también por las medidas restrictivas acordadas por el Gobierno Vasco y que tuvieron su fin hace algo más de un mes con el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV), al señalar que su actividad no estaba en el origen de los contagios en el periodo navideño.
Si entrar en consideraciones de carácter sanitario -de las que por razones obvias soy lego en la materia-, la realidad ha demostrado que la tasa de contagios se ha reducido, aunque la curva se mantiene estable en los últimos días, después de un mes de que la hostelería haya abierto sus puertas, en una evolución que es similar a otras regiones donde los bares y restaurantes han estado cerrados. Lo que quiere decir que ha podido haber otros factores sanitarios como la evolución del virus a variantes más contagiosas y el desarrollo de otras actividades laborales, escolares, etc., donde también se pueden producir infecciones.
En este sentido, se entiende que ante una falta de evidencia empírica los hosteleros vascos recurrieran el cierre de sus establecimientos al TSPV en un fallo de carácter cautelar que supuso un importante revés para el Gobierno Vasco, que rechazó recurrir el auto, y que, curiosamente, hace una semana anunció la elaboración de un informe por parte del Departamento de Salud sobre esta cuestión. Parece que en la situación actual, lo pertinente hubiera sido que ese estudio para analizar la relación causa-efecto que puede haber entre la hostelería y la situación epidemiológica se debería de haber realizado hace ya algún tiempo.
En el fondo de esta situación subyace una falta de consideración por parte de la Administración a tratar a la hostelería como un sector económico más que representa el 5,44% del PIB vasco, genera el 5,99% del empleo de la CAV, lo que significa un total de de 68.000 trabajadores, y una facturación de 4.560 millones de euros, según datos del año 2019, lo que se ha traducido en la adopción de medidas restrictivas que en otros sectores, como el industrial, no parece que se hayan producido.
Como consecuencia de ello y de la falta de prontitud en ayudas directas como han existido en varios países europeos y diversas comunidades autónomas, el sector de la hostelería vasca ha visto caer su facturación alrededor de un 50% desde el 14 de marzo del año pasado, lo que significa la mayor bajada de ingresos en el conjunto del tejido productivo, cuatro veces más que los descensos registrados en otros sectores económicos que también se han visto seriamente afectados por la pandemia.
Este descenso de actividad ha tenido su traslación en la pérdida de empleo en el sector que ha visto como 7.600 trabajadores engrosaban las listas del desempleo de manera silenciosa y sin ninguna visibilidad, frente a la situación que se está viviendo en otros sectores como el aeronáutico o de tubos. Para que nos hagamos una idea de la importancia de esta cifra, estos despidos suponen más de 1,4 veces la plantilla de Mercedes en Gasteiz, que es la fábrica que más empleo cuenta en Euskadi, y más de dos veces el número de empleados que tiene Kutxabank, por poner solo algunos ejemplos relevantes.
Y todo ello, sin tener en cuenta que la desaparición de los ERTE -donde la hostelería es el sector que más trabajadores tiene en esta situación con un 64%-, el próximo 31 de mayo va a suponer un aumento importante de los despidos, ya que muchos trabajadores no van a poder reincorporarse a sus puestos de trabajo. Si la situación no mejora, se estima que el desempleo en el sector alcanzará a los 12.000 trabajadores. En este año, un total de 1.090 establecimientos han bajado definitivamente las persianas, lo que significa el 8% del total de los 13.628 existentes en la CAV.
En este contexto y un año después de declararse el estado de alarma, un sector económico que da empleo en la actualidad a 60.000 personas y ha perdido el 50% de su facturación solo ha recibido 57 millones de euros de los 231,9 millones en los que se han valorado las ayudas directas que necesita para paliar los efectos de la reducción de su actividad como consecuencia de la pandemia. En este sentido, una parte muy importante de los 215 millones de euros en ayudas directas que gestionará el Gobierno Vasco, dentro del programa de 5.000 millones aprobado el pasado viernes por el Gobierno de Sánchez, será destinada a las empresas de hostelería vascas. Nunca es tarde.
El sector de la hostelería da empleo a 60.000 personas y ha perdido el 50% de su facturación, pero solo ha recibido 57 de los 231,9 millones de ayudas directas
