a paciencia tiene un límite. Eso es lo que entendieron los 31 miembros del consejo de administración de Île-de-France Mobilités -el organismo público de la región parisina del mismo nombre que aporta los 2.560 millones de euros del megaconcurso ganado por el consorcio Bombardier-CAF-, cuando por unanimidad han exigido al constructor ferroviario galo Alstom a que cumpla con los compromisos heredados de la empresa canadiense, con la que se acaba de fusionar, y ejecute cuanto antes el contrato. La razón es la urgente necesidad de renovar el material rodante de la línea RER B, que une el centro de París con el aeropuerto Charles de Gaulle y que presenta altos niveles de deterioro y obsolescencia hasta el punto de que la calidad del servicio ha ido reduciéndose de manera importante en los últimos años.

Todos los consejeros de Île-de-France Mobilités, que representan a todas las opciones políticas con representación institucional, bajo la presidencia de Válerie Pécresse, que es la máxima responsable del gobierno regional, instaron también a los operadores Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) y la SNCF (la Renfe francesa), convocantes del concurso, a recurrir a la vía judicial en el caso de incumplimiento del contrato por parte de Alstom que, hasta ahora, continúa renunciando a su ejecución.

Pero el hartazgo de este organismo, que gestiona el transporte en la región de Île-de-France, con la arrogancia y prepotencia demostrada por Alstom no ha quedado ahí, sino que han ido más allá al abrir la puerta a un posible veto en todos los concursos ferroviarios de material rodante que convoque Île-de-France Mobilités en el futuro. De esta forma, anuncia la posibilidad de incluir en las futuras licitaciones una cláusula de lealtad de las empresas que participen en las licitaciones "basada en el respeto de sus pasados compromisos".

La reacción ha sido tan dura y rotunda que nadie la esperaba, sobre todo cuando el día anterior, Alstom aprovechó la reunión con RATP y SNCF, -que fue convocada para firmar y comenzar con la ejecución del contrato-, para ganar tiempo en su estrategia dilatoria y obstruccionista y salir de la reunión afirmando que se había iniciado un diálogo "para sentar las bases de una discusión razonable y sosegada para lo que nos hemos dado un tiempo para analizar la situación", dando a entender que el concurso estaba en el aire a expensas de un cambio en las condiciones.

La encerrona que Alstom hizo a los convocantes del concurso, sin que hubiera reacción alguna por su parte, ha soliviantado de tal manera al gobierno de la región de Île-de-France, uno de los principales clientes del fabricante galo, que la respuesta no se hizo esperar. No solo en lo que se refiere al posible veto, sino también al mandatar a RATP y SNCF a emprender la acciones judiciales con lo que se elimina de raíz cualquier escenario posible de cambio de las condiciones del contrato como parece pretender la compañía francesa. Un dato revelador de que la gota ha colmado el vaso es que uno de los principales impulsores de esta iniciativa es Bernard Gobitz, representante de los usuarios del transporte en el consejo de administración de Île-de-France Mobilités, lo que indica el desasosiego de los viajeros después de dos años y medio de retraso en la renovación de los trenes en las líneas RER y un cada vez más deficiente servicio.

El puñetazo que ha dado encima de la mesa el organismo financiador abre un escenario con tres variables que van desde la suspensión del contrato a un cambio de las condiciones que supondrían un alza en el precio, atendiendo al requerimiento de Alstom, que presentó una oferta 600 millones de euros más cara que la de Bombardier-CAF, y por último, la adjudicación en solitario a la compañía guipuzcoana. CAF ya ha comunicado su disposición de ejecutar el contrato en solitario y que su obligación es ayudar al cliente en todo lo que sea necesario. Para CAF, que tiene una participación del contrato del 35%, su ejecución es muy importante porque supone un respaldo de primera magnitud en su cartera de pedidos en Francia.

La soka-tira en la que está empeñado el CEO de Alstom, Henri Poupart-Lafarge, ha provocado que todos los actores concernidos desde instituciones públicas, empresas y trabajadores estén en su contra. Tirar de la cuerda de esta forma, cuando la presidenta de la región de Ìle-de-France, Válerie Pécresse se presenta a la reelección en los próximos comicios de junio, teniendo encima de la mesa sin resolver la renovación del material rodante de la segunda línea de ferrocarril más concurrida de Europa con un millón de viajeros al día, después de dos años y medio de retraso y con protestas de usuarios y trabajadores por el mal estado de los trenes, no tiene otra explicación que la altanería que quien lo impulsa o un desconocimiento irresponsable de la situación y sus consecuencias.

Poupart-Lafarge no solo tiene enfrente a la presidenta de Île-de-France y a los consejeros de todos los colores políticos, sino también a RATP, SNCF y CAF que anuncian acciones judiciales, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, y que en el caso de la compañía guipuzcoana tendría también como marco la UE, ya que este affaire pondría de relieve la persistencia de una situación de monopolio, de la que hasta ahora se ha beneficiado Alstom, y la ausencia de un mercado de libre competencia. La Comisión Europea puso dos condiciones para aprobar la fusión de Alstom con Bombardier: permitir la entrada de competidores en sus respectivos mercados, y deshacerse de activos como la planta de la localidad alsaciana de Reichshoffen.

Por si no fuera suficiente, el CEO de Alstom también es capaz de enfurecer a sus trabajadores, como el caso de los provenientes de Bombardier que le han acusado de "quitarles el pan de la boca", ya que el megacontrato significaba garantizar la cartera de pedidos hasta el año 2032 para la planta que la canadiense tiene en la localidad de Crespin. Por su parte, los empleados de la fábrica de Reichshoffen, que Alstom debe desprenderse, se han manifestado a favor de su adquisición por parte de CAF, al igual que los cargos electos de la región, y en contra de su venta a la compañía checa Skoda, que es 40 veces más pequeña que la guipuzcoana. Una operación con la que el gigante galo quiere evitar también por todos los medios posibles la competencia que le está ejerciendo CAF en su territorio.

Esta guerra iniciada por Alstom pone de relieve no solo el abuso de una posición dominante y de cuasi monopolio con la que ha actuado hasta ahora protegido por las autoridades galas y que han hecho del nacionalismo industrial protector sus señas de identidad. El expresidente estadounidense Donald Trump, tuvo en Francia una buena escuela para proclamar su "America first" y lanzar su ofensiva comercial proteccionista por todo el mundo.

Una cuestión que, curiosamente, no está siendo tenida en cuenta por los periódicos franceses cuando tratan el affaire Alstom. Hace unos días, el diario Le Parisien, publicaba una información firmada por Sébastian Compagnon, en la que haciendo mención al ¡Quousque Tandem! del pasado domingo¡Quousque Tandem!, se sorprendía por la "severidad" con la que se trataba al gigante francés en el artículo. Los hechos acaecidos esta semana vuelven a corroborar la actitud soberbia y desafiante de Alstom que sigue creyendo que Francia es su cortijo y no acepta la libre competencia. Pacta sunt servanda (Lo pactado obliga), un principio básico del Derecho Civil y del Derecho Internacional, menos, por lo que parece, en Francia.