ue una compañía ganadora de un megaconcurso público por un importe de 2.560 millones de euros -con la que está cayendo-, decida renunciar a su ejecución para evitar la presencia en el mismo de su más firme competidor y forzar a la autoridades a una nueva licitación para que la nueva adjudicación le beneficie, siguiendo los parámetros de nacionalismo económico y de prácticas monopolísticas, es lo más sorprendente que se ha conocido hasta ahora en la historia económica. Lo nunca visto.

Esta demostración de arrogancia y soberbia que deviene de ese chauvinismo, que exalta con desmesura lo propio frente a lo extranjero, está teniendo como protagonista al constructor ferroviario francés Alstom, que no ha digerido que, por segunda vez en menos de 16 meses, la compañía vasca CAF le haya arrebatado dos importantes contratos públicos -en esta ocasión, en consorcio con Bombardier, con la que el constructor galo acaba de fusionarse-, poniendo en evidencia su falta de competitividad y su declive tecnológico. Precisamente, en un momento de gran desarrollo del sector ferroviario galo, que prevé en los próximos cinco años inversiones por valor de 36.000 millones de euros.

La artimaña dilatoria que ha utilizado Alstom con la presentación de cuatro recursos ante los tribunales galos para retrasar la firma de la adjudicación del contrato por parte la empresa pública Régie Autonome des Transports Parisiens (RAPT) y la SNCF (la Renfe francesa), al consorcio Bombardier-CAF, por valor de 2.560 millones de euros, alegando irregularidades y solicitando más información sobre el rechazo a su propuesta, no tenía más intención que boicotear el contrato, una vez que tomara el control de la compañía canadiense. Los 146 trenes de cercanías que forman parte del contrato circularán por la línea RER B que une el centro de París con el aeropuerto Charles de Gaulle y que es la segunda más utilizada de Europa, con un millón de viajeros cada día.

Y así fue. Cinco días después de la firma de la fusión, que tuvo lugar el pasado 29 de enero, el CEO de la compañía, Henri Poupart-Lafarge, comunicó que Bombardier se retiraba alegando que "la oferta técnica y financieramente no era viable y mi responsabilidad es no embarcar al grupo en una aventura que no se puede coronar con éxito". Lo que no dijo el CEO de Alstom es que su oferta fue rechazada porque tenía un coste de 600 millones de euros superior a la propuesta ganadora.

Y todo ello, desde esa falta de exquisitez en los modales que tienen los franceses cuando las cosas les van mal, la decisión fue comunicada a CAF solo cinco minutos antes de su anuncio oficial y tras conocer la posición de la compañía guipuzcoana que estaba en contra de esa actuación y que seguía con su intención de ejecutar el contrato. Hay que decir que la actuación de los responsables de Bombardier, cuya alianza con CAF es anterior a que se fraguase la fusión con Alstom, ha sido en todo momento leal hasta la absorción, en la que perdieron el control de la compañía.

El duro pulso que Alstom mantiene con las autoridades galas no lo entiende nadie, sobre todo cuando la RATP ha encargado material rodante a esta compañía por valor de 19.000 millones de euros en los últimos diez años. Su altanería le ha salido como un tiro por la culata, ya que la presidenta de la Región de Île-de-France, Válerie Pécresse, y los responsables de RATP y SNCF, en una reunión celebrada el pasado viernes por la tarde, han decidido seguir adelante con el contrato, para lo que han convocado a Bombardier y CAF esta semana para su firma y comenzar con su ejecución lo antes posible.

Tras este movimiento, que no cierra la vía judicial por parte de las autoridades galas contra Alstom, la pelota está en el tejado del fabricante galo, ya que tendrá que decidir si asume el compromiso adquirido por la canadiense, antes de su fusión, de ejecutar el contrato, o tensa más la cuerda y rompe el acuerdo que los convocantes han dado ya por cerrado y activado.

De cualquier forma, las autoridades galas no tenían otra opción más que seguir adelante con la ejecución del concurso porque su anulación, dos años después de su convocatoria, supondría un coste político enorme para la propia presidenta de la región de Île-de-France, que se presenta para su reelección a los próximos comicios regionales del mes de junio.

Una posible adjudicación a Alstom pondría en evidencia el propio Estado francés al constatarse la ausencia de un mercado de libre competencia con un actor que controla el 90%, en contra de las directrices europeas. Una situación que serviría para que Bruselas anulase la fusión entre Alstom y Bombardier, de la misma forma que con anterioridad se opuso a la integración del fabricante galo con Siemens. Las otras dos salidas que quedaban eran fracturar el concurso entre distintos fabricantes o adjudicarse solo a CAF, con lo que las autoridades galas han decidido tirar por el camino de en medio.

En función de cómo se desarrolle este affaire y si la balanza cae del lado de Alstom, estaríamos una vez más ante un caso flagrante de inseguridad jurídica, impropio de un país como Francia y en el corazón de la UE. Esa situación significaría que habría problemas para volver a poner en marcha un contrato de este tipo por la renuencia de las compañías. El megacontrato de RATP y SNCF ha supuesto dos años y medio de trabajo con propuestas, auditorias, respuestas a las exigencias y demandas del cliente y personal dedicado a ese menester, con un coste que se estima entre los tres y cuatro millones de euros.

Parece que al gigante Alstom le cuesta pasar de la cultura del monopolio a la de la libre competencia, con la que ha actuado de manera altiva hasta ahora, valiéndose de los políticos locales, regionales, ministros y hasta del palacio del Elíseo. Perder en 2006 un concurso por un importe de 2.700 millones de euros frente a Bombardier, por presentar un precio superior en un 10%, y que en 2019 otro contrato por valor de 700 millones se lo llevara CAF, más el megacontrato de RAPT, era mucho castigo para una compañía acostumbrada al nacionalismo protector de las empresas del que Francia ha hecho signo de identidad.

Precisamente, CAF sabe mucho de esto, cuando hace tres años el dedazo del entonces presidente de Francia, François Hollande, consiguió eliminar a la compañía guipuzcoana de un concurso para el suministro de 271 trenes de cercanías y una posible ampliación de 100 unidades más por un valor de 3.000 millones de euros, porque, según un informe elaborado ad hoc, carecía de la capacidad técnica y productiva para afrontar el proyecto. No hace falta ser muy listo para saber quién se lo adjudicó: Alstom-Bombardier. En esta ocasión, a pesar de la práctica de las artimañas barriobajeras y poco edificantes de Alstom, se ha demostrado que, algunas veces, David puede con Goliat.