a reciente firma de adquisición de Bankoa por parte de Abanca, tras las correspondientes autorizaciones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con lo que el banco vasco ha dejado de ser una filial del grupo francés Crèdit Agricole para entrar en la órbita de la entidad financiera gallega, ha servido para recordar, una vez más, la ausencia en este país de estructuras financieras con liderazgo y dimensión suficiente que pudieran servir de músculo para engrasar y dinamizar su economía.
Desde la desaparición de las antiguas cajas de ahorro que contaban con unas potentes carteras industriales y que jugaron un papel importantísimo en el pasado reciente a la hora de dotar de músculo financiero a las empresas, no se ha creado ninguna entidad o fondo público-privado capaces de recoger ese testigo y relevarles en esa función vital para el desarrollo de este país. Es más, Kutxabank, como banco resultante de las tres cajas de ahorro, no solo no ha seguido esa estela, sino que su prioridad ha sido y es desinvertir en las compañías en las que estaba y está aún presente.
A pesar de su reiteración, es bueno recordar que con la venta de Bankoa a Abanca -curiosamente la denominación de las dos entidades es la misma, una en euskera y otra en gallego- se ha perdido una magnífica oportunidad para, a través de fusiones y alianzas con las otras dos entidades financieras, que siguen teniendo su centro de decisión en Euskadi, crear un nuevo banco fuerte y sólido, comprometido con el desarrollo y progreso del país. El problema que preocupa es que no ha sido un asunto que se ha pretendido y por diferentes razones ha fracasado, sino que ni siquiera, que se sepa, se ha puesto encima de la mesa para su análisis.
Será porque en este país las fusiones e integraciones entre empresas provocan aversión patológica, ya que este tipo de procesos generan un rechazo que tiene mucho más de cultural que de pragmático, ya que se prefiere ser cabeza de ratón que cola de león, a pesar de que el futuro dibuje perfiles halagüeños. En el sector bancario vasco, salvo la integración de Laboral Kutxa e Ipar Kutxa en 2016, se ha preferido optar por la venta a foráneos, como fue la adquisición del Banco Guipuzcoano por parte del Banco Sabadell en 2010, a pesar de que en su consejo de administración estaba presente Kutxa.
En Euskadi se ha hecho todo lo contrario que en Catalunya, que cuenta con una entidad como Caixabank, que es el primer banco del Estado tras la fusión con Bankia, a pesar de la oposición de la derecha madrileña, tras dos pasados intentos de fusión con la entidad heredera de Caja Madrid y la negativa del Banco Sabadell a una integración de bancos catalanes. Y todo ello manteniendo una cartera de participaciones industriales muy potente que hoy está de actualidad con la OPA del fondo australiano IFM sobre el 23% del capital de Naturgy, donde Caixabank cuenta con el 24,79% de las acciones.
La única excepción de este panorama financiero vasco la está protagonizando la SGR Elkargi, que, desde que hace dos años llegó Zenón Vázquez a su dirección general, está desarrollando una actividad incesante, hasta el punto de que acaba de anunciar una decisión importante como es la apertura de una oficina en Madrid con el fin de poner su gran experiencia avalística al servicio de las empresas que se ubican en esa comunidad.
No en vano, Elkargi es la primera SGR del Estado, a gran distancia de la segunda, y los 900 millones de euros de avales que ha formalizado en el año 2020 -triplicando los concedidos en el año 2019- representan el 40% del total de los gestionados por sus homónimas estatales. Unos datos y una forma de hacer avalada en 40 años de experiencia que evidencian las grandes posibilidades de negocio y el importante recorrido que puede tener Elkargi en un mercado como Madrid, que representa en estos momentos la mayor tasa de generación de PIB del Estado.
Y mientras unos salen para ampliar mercados y ganar presencia fuera de nuestras fronteras, otros buscan compradores para sus empresas hasta el punto de provocar la reacción de la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencia (CNMC), que ha bloqueado la adquisición de Funeraria Vascongada por parte del líder del negocio funerario en el Estado, el Grupo Mémora, ante el riesgo de monopolio en este sector en Gipuzkoa.
La entidad reguladora está analizando si la operación de compra lanzada por el grupo catalán controlado por Ontario Teacher's Pension Plan, un gigantesco fondo de pensiones de profesores canadiense con más de 130.000 millones de euros bajo gestión, ante el riesgo de que la adquisición de Funeraria Vascongada pueda dar lugar a una posición de dominio en el sector mayorista de servicios fúnebres de Gipuzkoa al controlar una parte muy importante de su territorio.
Hace unos días Francia nos dio un ejemplo al oponerse a la adquisición del grupo de distribución Carrefour por parte del grupo de alimentación canadiense Couche-Tard apelando a los intereses generales del país, a la soberanía alimentaria y la defensa del empleo local. También hemos sabido que el Reino Unido hizo lo mismo en 2014, cuando su gobierno utilizó todas las artimañas posibles para abortar la OPA que el grupo estadounidense Pfizer lanzó por valor de 80.000 millones de euros sobre AstraZeneca, que hasta ese momento era una farmacéutica de bajo perfil surgida de la fusión en 1999 de una compañía británica y otra sueca. El gobierno británico rechazó la fusión porque significaría el cierre de los centros de investigación, desarrollo y producción de la farmacéutica anglo-sueca.
A partir de ahí, el Reino Unido consideró a AstraZeneca una empresa estratégica y un ejemplo de desarrollo empresarial para garantizar su abastecimiento y evitar su dependencia de la UE, hasta el punto de que creó todo un cuadro legislativo para blindarla de posibles adquisiciones no deseadas. Por eso se puede entender -aunque es de todo punto de vista injustificable, mucho más en las actuales circunstancias pandémicas y con un contrato de por medio- que AstraZeneca priorice la distribución de las vacunas contra el covid-19 al Reino Unido antes que a la UE. Es una forma de devolver el favor por el veto del gobierno británico a la operación de Pfizer. Un ejemplo más de cómo un país puede proteger a sus empresas, mucho más si son estratégicas.
