- El Gobierno Vasco anunció ayer la puesta en marcha de un plan de recolocación de personas que se han quedado sin trabajo por la pandemia. También confirmó que el plan de apoyo financiero a pymes y autónomos se amplía al próximo año, con una dotación de 500 millones de euros y con la novedad de que podrán acogerse las empresas en proceso concursal con convenio firmado con sus acreedores.
El “reto inmediato” del Gobierno Vasco en materia laboral es “reincorporar a las más de 15.000 personas que han ido perdiendo el empleo por culpa del covid” en los últimos meses.
Para ello, el Departamento de Trabajo y Empleo ha diseñado un plan que tendrá una duración de dos años y que incidirá en aspectos como la formación, el emprendimiento y la adaptación de los desempleados a las nuevas oportunidades que generará la transición económica.
Así lo expuso ayer en el Parlamento Vasco la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, durante su comparecencia para exponer las líneas fundamentales del proyecto de presupuestos con el que contará su Departamento, que incrementará su capacidad en un 10,49%, hasta alcanzar los 943,8 millones de euros el próximo año.
Entre los ejes de actuación, también citó impulsar la digitalización de Lanbide, reforzar los planes de empleo juvenil y mantener la protección de los colectivos vulnerables a través de medidas como el incremento de la Renta de Garantía de Ingresos en un 1,8%. El covid no solo está siendo un lastre para la economía y marcará el paso de las políticas sanitarias, también condicionará la actuación pública en el ámbito laboral.
Así, entre las novedades del presupuesto de su departamento explicó que se registrará un incremento del 7,2% en el presupuesto del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, que asciende a 15,6 millones de euros, un millón de euros más que el presupuesto de este año.
Entre otras cuestiones, este organismo incorporará a doce rastreadores de coronavirus en el ámbito laboral y destinará 800.000 euros para formación y prevención en distintos sectores. Además, se incorporan tres nuevos inspectores de trabajo.
En el capítulo del plan de choque contra los efectos en el mercado del trabajo de la pandemia, el Gobierno destinará dos millones de euros en el presupuesto de 2021 y otros dos el siguiente ejercicio para el proyecto de recualificación y recolocación de personas afectadas por sectores en crisis. Será una de las columnas del rescate de las personas que han perdido su empleo los últimos meses.
Para ello, se actuará desde criterios de “calidad”, impulsando un retorno al mundo de la empresa “con derechos, estable, igualitario y que ponga coto a la temporalidad, a la contratación a tiempo parcial no deseada y a la cronificación”. Los sectores más afectados por la crisis tendrán especial atención.
También compareció en el Parlamento el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que hizo un repaso general del presupuesto y de su propio Departamento. Las cuentas para 2021 ascienden a 12.442 millones, un 5,7% más que este año, para “hacer frente a la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia”. Se huye de recortes y austeridad y se aumenta el gasto real en 770 millones (+7,1%) gracias a un mayor déficit y al aumento del endeudamiento, que prácticamente se triplica, sin descartarse “ir más allá”.
Azpiazu anunció que en 2021 habrá un nuevo programa de avales de 500 millones para autónomos y pymes para su devolución en 8 años (con dos de carencia) a un 0% de interés. Se atenderán solicitudes entre 10.000 y 25.000 euros y como novedad podrán acogerse “empresas que estén en concurso de acreedores con convenio y estén al corriente en pagos”.
El consejero de Economía se mostró “convencido” de que este nuevo programa ayudará a empresas, pymes y personas autónomas a afrontar “con mayores garantías financieras” el próximo año, el de la recuperación.
Apuesta por el gasto. El consejero Pedro Azpiazu afirmó ayer que no hay “pretensiones limitadoras en gastos e inversiones” y además se espera contar con recursos adicionales del plan europeo de recuperación, aunque insistió en ser “cauto” porque se desconoce cuánto dinero y cuándo llegará. Adelantó en todo caso que el Gobierno -que la semana que viene aprobará el programa Euskadi Next 2021-2026- comparecerá cada tres meses en el Parlamento para informar sobre la ejecución y destino específico de estos fondos.
Congelación de Itzarri. Azpiazu avanzó además una subida salarial máxima del 0,9% a los empleados públicos, en línea con el margen que permite el Estado. Sin embargo, no se incrementarán las aportaciones a los planes de previsión de los funcionarios porque no hay “cobertura legal directa” para ello. De modo que Itzarri, la EPSV de los funcionarios, quedará congelada.
“El reto inmediato es recuperar a las más de 15.000 personas que se han quedado sin empleo”
Consejera de Trabajo y Empleo
“La deuda se va a triplicar, pero si hay que ir más allá, lo haremos sin que nos tiemble el pulso”
Consejero de Economía y Hacienda
