Estudian anular la penalización por jubilación anticipada si se han cotizado más de 40 años

Ahora supone una pérdida que oscila entre el 6,5% y el 8% por cada año adelantado

15.10.2020 | 01:13
Concentración de los pensionistas de Donostia.

La reforma de las pensiones que estudia el Pacto de Toledo tiene un nuevo escenario de debate con la jubilación anticipada. Ahora, el Gobierno español y los agentes sociales discuten la posibilidad de anular las penalizaciones por prejubilación a trabajadores que la soliciten siempre que hayan estado de alta en la Seguridad Social 40 años.

Penalizar la jubilación anticipada para conseguir que los trabajadores acudan a solicitar la pensión de jubilación antes de la edad establecida para ello, que es de 65 años y 10 meses actualmente, es uno de los pilares del Pacto de Toledo.

Además, la idea es ofrecer incentivos para que el que ocupa un puesto de trabajo en una empresa quiera alargar su vida laboral. Pero hay excepciones y opciones. Una de ellas podría ser la posibilidad de solicitar una jubilación parcial, que permite cobrar pensión y sueldo al mismo tiempo.

Las reuniones del Pacto de Toledo se han intensificado estos días porque la reforma de las pensiones debe estar lista para poder aprobar los Presupuestos del Estado. Cuando finalmente quede aprobada la reforma de las pensiones, la idea del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es penalizar la jubilación anticipada en el caso de los sueldos más altos.

Actualmente, muchos futuros pensionistas comienzan a realizar el cálculo de la pensión por jubilación anticipada a los 63 años. Una edad que para el Gobierno debería subir a la mínima para pedir la pensión excepto, eso sí, de si se trata de una jubilación anticipada forzosa.

En estos momentos, sea voluntaria o fruto de un despido, la jubilación anticipada está sujeta a coeficientes reductores sobre la pensión. En el segundo caso oscilan entre el 6,5% y el 8% por cada año adelantado y dependiendo de la carrera de cotizaciones acumulada.

Este coeficiente reductor beneficia a los sueldos altos porque, en esos casos, el recorte del 6,5% al 8% supone menos cantidad que si se actuase sobre un sueldo más bajo.

El Congreso, vía integrantes políticos del Pacto de Toledo, está analizando con la Seguridad Social, según fuentes conocedoras de las conversaciones citadas por El Mundo, cuantificar el colectivo afectado por las penalizaciones para decidir de qué modo afrontar el problema. Magdalena Valerio, presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, se comprometió el pasado verano a estudiar la cuestión, llevada al Congreso por la asociación Asjubi40 y UGT.

Según las mismas fuentes, el Congreso debe aún discutir si su recomendación es resarcir a los jubilados involuntarios o demandar que se estudie más a fondo su situación. La dificultad está, añaden, en afinar en la excepción a la norma general en el sistema de pensiones y sus consecuencias jurídicas.

Está ya asumido que la jubilación anticipada es uno de los ejes sobre el que hay consenso para actuar en la reforma de la Seguridad Social. Actualmente, suponen el 16% del total de las jubilaciones y el Congreso apunta que se emplean como una herramienta de regulación de empleo a partir de 61 años (cuatro antes de la edad de jubilación) y que deberían ceñirse exclusivamente a trabajadores con largas carreras de cotización.

La vía para desincentivar su uso, según El Mundo, sería el incremento de los coeficientes reductores aplicados sobre las prestaciones para, en el otro extremo, bonificar el alargamiento de la vida laboral. Actualmente, la edad efectiva de jubilación es 64,6 años, 14 meses por debajo de la edad legal (65,8 años), que se elevará a 67 años en el 2027.

Son cambios que se enmarcan en una amplia reforma del sistema de pensiones que esta pensada para hacer sostenible la Seguridad Social.

reconocimiento

Parejas de hecho. Los miembros de parejas de hecho que soliciten una pensión de viudedad podrán acceder a la prestación en igualdad de condiciones a los de matrimonios en la misma situación, según la reforma de las pensiones que ultiman los partidos presentes en el Pacto de Toledo.