donostia – Los más pequeños no fueron ayer los únicos en retomar su actividad porque sus abuelas y abuelos también tomaron pancartas y zapato cómodo para volver a concentrarse en diversos municipios de Gipuzkoa y reivindicar unas pensiones "dignas".
En Donostia, la Asamblea de Pensionistas de Alderdi Eder se concentró en esos jardines situados frente al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana donde se recordó que el último trimestre del año será de intensidad en materia de pensiones, por lo que animaron a redoblar los esfuerzos para que el colectivo se haga oír.
De este modo, indicaron que una vez constituido el nuevo Gobierno Vasco, entre sus misiones a medio plazo se encuentra la elaboración de los presupuestos, y consideraron necesario desarrollar estas movilizaciones para influir en materia de prestaciones a los mayores.
También aludieron a que el Pacto de Toledo retomará sus reuniones este mes de septiembre, "aunque todo hace pensar que hasta octubre no culminarán sus trabajos", según señalaron, para añadir después que esta iniciativa es relevante para los pensionistas al abordar asuntos como la derogación de las reformas sobre pensiones, el factor de sostenibilidad y el incremento del mínimo de las mismas.
"Creemos que debemos seguir influyendo con nuestra movilización para que se tengan en cuenta nuestras justas reivindicaciones que van dirigidas a la defensa de una vida digna tras tantos años de trabajo", indicaron.
Por otro lado, el Movimiento de Pensionistas Vascos se reunió ayer con la fiscal general de la CAV, Carmen Adán, a quien hizo entrega de un informe que han realizado a partir de informaciones de medios de comunicación y entrevistas personales que analiza la incidencia del COVID-19 en las residencias vascas.
A su término, un portavoz de este colectivo admitió que no es probable que la Fiscalía abra una investigación de oficio para determinar si han existido "anomalías o negligencias" por parte de las instituciones en la gestión de las residencias.
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