Diez años de la reforma que comenzó a abaratar el despido

La reforma laboral del último Gobierno de Zapatero contó con el rechazo de patronal y sindicatos Marcó la llegada de la indemnización de 20 días por año trabajado

06.09.2020 | 00:35
Los sindicatos abertzales convocaron una huelga general el 29 de junio, tres meses antes de la aprobación de la reforma laboral. Foto: P. Viñas

madrid – La reforma laboral de 2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que conllevó abaratar los costes de despido en España, cumple la próxima semana diez años, en un mercado marcado por la pandemia del COVID-19 y con el compromiso del actual Ejecutivo español, también liderado por los socialistas, pero con el fuerte acento de Unidas Podemos, de revisar el marco laboral español.

El proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo se aprobó en el Congreso de los Diputados el 9 de septiembre de 2010 con varios puntos especialmente controvertidos y se tuvo que enfrentar a finales de ese mes, el día 29, a una huelga general. En Euskadi, los sindicatos abertzales, con ELA y LAB a la cabeza, convocaron una huelga también general el día 29 de junio. Ya entonces se preveía que los cambios en la normativa laboral iban a ser muy drásticos, y las centrales vascas decidieron no esperar a que se materializara la reforma para mostrar su rechazo.

Sin lograr el acuerdo con patronal y sindicatos, esa reforma laboral fue un intento por parte del Gobierno central de ayudar a atajar la crisis económica y financiera que ya azotaba a la economía española.

claves de la reforma El primero de esos puntos incluyó que las empresas pudieran despedir a los trabajadores por causas económicas –los problemas generados por aquella recesión– con 20 días de indemnización, no solo cuando las compañías tuvieran pérdidas, sino también cuando previeran tenerlas, o incluso ante una persistente caída de ingresos.

También generalizó el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos.

Además, estableció mayor control sobre los desempleados, que desde entonces pueden ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilitó el despido por faltas al trabajo y rebajó al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.

Desde el frente de los sindicatos criticaron con dureza una reforma que, señalan ahora desde Comisiones Obreras, hacía "más fácil y barato el despido y perpetuaba la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, dando mayor poder a los empresarios y cuestiona la negociación colectiva".

Desde la CEOE también se rechazaron entonces los cambios del Gobierno de Rodríguez Zapatero por considerarlos "insuficientes" para modernizar el mercado laboral español. Dos años después, en la reforma que impulsó el PP en 2012, se endurecieron muchos de esos aspectos.

la vuelta de tuerca del pp Con el real decreto ley "de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral", el Gobierno del Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, generalizó la indemnización de 20 días por despido, creó un nuevo contrato indefinido para las pequeñas y medianas empresas, limitó la prórroga de los convenios y cifró en nueve meses la caída de ventas o ingresos que justifican el despido objetivo, entre otros muchos aspectos.

Todas estas medidas, a excepción del despido por bajas reincidentes en un periodo de tiempo determinado, siguen vigentes en el mercado laboral español con el compromiso del Gobierno actual, presidido por Pedro Sánchez, de revertirlas y elaborar un marco laboral adecuado al siglo XXI alterado por la pandemia del covid.

Entre las prioridades del Gobierno español en este tema está recuperar con urgencia la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y la vigencia indefinida de los convenios (ultractividad), así como revisar las causas que justifican la contratación temporal en España, con la tasa de temporalidad más elevada de Europa.

Pero la llegada de la pandemia del coronavirus ha obligado a modificar la agenda de Gobierno y agentes sociales para centrarla en las soluciones al impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral.

El inicio del nuevo curso abre ahora una nueva agenda laboral, que seguirá muy marcada por la pandemia, pero con el compromiso del Gobierno de iniciar las distintas mesas de diálogo social con patronal y sindicatos que aborden las condiciones y el marco legal del mercado de trabajo en España en aras de un modelo más equilibrado.

Más a corto plazo el mensaje lanzado esta semana por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras reunirse con sindicatos y patronal en torno a los expedientes de regulación temporal de empleo, que se mantendrán mientras sea necesario, marca de alguna forma un terreno de negociación más cercano al acuerdo que el de 2010. La duda es si una hipotética nueva reforma laboral conseguirá limar alguna de las aristas de la de hace una década.

45

días por año trabajado

Hasta la reforma de 2010, los trabajadores despedidos de forma improcedente recibían una indeminización de 45 días por año trabajado, el sueldo de un mes y medio. El partido socialista cambió las reglas en plena crisis de 2008 con una medida orientada a reducir los contratos temporales, que a día de hoy siguen representando más del 90% de los que se firman.

20

días por año trabajado

El Partido Popular borró la letra pequeña de aquella modificación en el despido –destinada para las empresas en crisis– y la generalizó en 2012, durante el Gobierno que lideraba Mariano Rajoy.

el despido