a crisis económica que ha provocado el COVID-19 nos está dejando una nueva realidad que, a pesar de las grandes incertidumbres que todavía presenta, debe ser aprovechada para seguir impulsando un modelo de empresa participada que ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y de saber adaptarse mucho mejor a las crisis que las compañías de capital.
Sirva como dato que cinco de cada diez trabajadores afectados por los ERTE en Euskadi pertenecen a empresas de economía social, es decir, cooperativas o sociedades laborales, mientras que en las sociedades de titularidad jurídica limitada o anónima la proporción se eleva a ocho por cada diez empleados, según la Estadística de la Economía Social de Euskadi, presentada recientemente.
La gran experiencia que tenemos en Gipuzkoa en el desarrollo de empresas participadas por trabajadores -hasta el punto de estar a la cabeza de Europa en lo que se refiere a la participación en los resultados y el capital de las compañías-, no debe ser óbice para que se siga profundizando en su fomento como un factor clave de una estrategia que debe tener como horizonte el desarrollo sostenible. Una forma de entender la empresa desde un planteamiento humanista en donde la persona debe ser el eje donde pivote el proyecto empresarial.
En este sentido, es de destacar la decidida actuación que la Diputación Foral de Gipuzkoa está llevando a cabo para favorecer el desarrollo de la participación de los trabajadores en la gestión, toma de decisiones estratégicas, resultados y capital de las empresas y que, próximamente, se va a ver reforzada de manera importante con la puesta en marcha de un programa específico impulsado por el departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, a cuyo frente se halla el diputado Imanol Lasa, al que se va a destinar 1.025.000 euros.
Una inversión importante que no solo se va a centrar en impulsar la participación de los trabajadores en la gestión, resultados y capital de las compañías mediante la subvención de proyectos empresariales que incluyan este modelo de organización interna con un montante de 628.120 euros, sino, lo que también es relevante, trata de favorecer un ecosistema que favorezca el desarrollo de este tipo de empresas, a donde se destinan un total de 396.488 euros.
Con esta apuesta estratégica, el departamento foral dirigido por Imanol Lasa pone el foco en profundizar el factor de competitividad que para el tejido productivo guipuzcoano supone contar con empresas participadas por las ventajas que ofrecen en términos de sostenibilidad económica, social y medioambiental frente al modelo de compañías de capital.
Si el objetivo es conseguir una sociedad más justa y cohesionada -una de las grandes lecciones que nos ha dejado el COVID-19-, el modelo de empresa participada se presenta como el mejor instrumento porque contribuye a un mejor reparto de la riqueza, hace que las personas se sientan corresponsables en el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos empresariales, a lo que hay que añadir la creación de empleo de calidad y el enraizamiento en el entorno y el territorio.
Una cuestión que no es baladí teniendo en cuenta el tejido empresarial de Gipuzkoa formado fundamentalmente por empresas familiares, donde los descendientes de los fundadores en segunda o tercera generación renuncian a seguir con el legado y las ponen a la venta al mejor postor, con lo que se está produciendo una pérdida de capacidad de decisión, en el mejor de los casos, y de deslocalización, en el peor, tal y como lo estamos viendo estos días.
En este momento, varias empresas guipuzcoanas de origen familiar están en situación de venta a la espera de que la incierta situación económica actual se disipe y los inversores, en general fondos de capital riesgo, vuelvan a realizar adquisiciones en un entorno favorable debido a la gran expansión monetaria existente y que tiene su origen en el bajo precio del dinero provocado por las políticas llevadas a cabo por los bancos centrales.
Contra esta situación que está teniendo consecuencias negativas en sectores estratégicos de Gipuzkoa, como el tecnológico, cuyas principales empresas están en manos foráneas, es la empresa participada el mejor antídoto porque facilita el relevo generacional de la propiedad de la compañía y garantiza la continuidad de la actividad empresarial.
Este importante impulso que el departamento de Promoción Económica va a dar al fomento de la participación de los trabajadores en las empresas y el desarrollo de un ecosistema favorable a su implementación se complementa con los incentivos de tipo fiscal que el departamento de Hacienda y Finanzas, cuyo titular es Jabier Larrañaga, lleva aplicando desde 2016 para favorecer la entrada en el capital de los empleados con una visión de género, ya que los incentivos son más importantes en el caso de las mujeres.
En estos tres años, ya que los resultados del ejercicio de 2019 no se conocerán hasta que finalice la actual campaña de la Renta, un total de 730 trabajadores, de los que 548 son hombres y 182 mujeres, han accedido a la propiedad de 146 empresas. Unos datos que hablan por sí solos del gran atractivo que genera la empresa participada muy enraizada con la cultura de auzolan que define históricamente a Gipuzkoa. Precisamente, en la anterior legislatura foral, el programa Etorkizuna Eraikiz puso en marcha 20 proyectos piloto en otras tantas empresas del territorio en el que participaron un total de 4.000 personas en todos los niveles de participación como son la gestión, resultados y propiedad.
Si la I+D es un elemento clave y estratégico en la competitividad de nuestras empresas y lo va a ser mucho más tras la pandemia, en las empresas participadas es un factor consustancial a su actividad, ya que no solo presentan un ratio superior sobre el conjunto del tejido empresarial, sino que destinan mayores recursos financieros a tal fin respecto de las compañías de capital. Un aspecto que sitúa aún más a la empresa participada como un elemento clave en la competitividad de Gipuzkoa, que debe ser impulsada en estos momentos de crisis para reforzar y consolidar la recuperación económica del territorio.
Si el objetivo es conseguir una sociedad más justa y cohesionada, el modelo de empresa participada es el mejor instrumento porque contribuye a un mejor reparto de la riqueza
