La deuda de contribuyentes morosos asciende a 292,4 millones en Gipuzkoa

30.06.2020 | 11:16
La deuda de contribuyentes morosos asciende a 292,4 millones en Gipuzkoa

DONOSTIA. Un total de 53 contribuyentes guipuzcoanos suman una deuda de 292,4 millones de euros a la Hacienda foral, de los que más de 80 corresponden a la empresa de promoción inmobiliaria Lagilur S.L.

La Diputación de Gipuzkoa ha hecho público este martes el quinto registro de contribuyentes que deben más de un millón de euros al erario público, que puede ser consultado íntegramente en la sede electrónica de la institución foral (www.gfaegoitza.eus).

Respecto a la anterior lista, publicada en junio del pasado año, la deuda aumenta en 54,5 millones de euros ya que entonces alcanzaba los 237,9 millones de euros.

En concreto, entran 6 nuevos contribuyentes que suman una deuda de 87,8 millones, mientras que salen 19 que adeudaban 33,3 millones de euros.

El principal moroso de esta lista es la firma de construcción inmobiliaria Lagilur S.L., con una deuda de más de 80,2 millones de euros, seguida de los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echaniz, con deudas superiores a 31,4 millones de euros, cada uno de ellos.

LH Commodities & Investments, con 22,9 millones, ocupa el cuarto lugar, mientras que Fagor Electrodomésticos S.Coop figura en el quinto puesto con una deuda de 8,1 millones.

La publicación de los nombres de grandes deudores se enmarca en la estrategia de lucha contra la evasión fiscal de la institución foral y tiene por objeto contribuir a la deslegitimación social del fraude a través de la difusión de conductas tributarias reprobables.

El listado incluye las identificaciones de aquellos contribuyentes cuyas deudas con Hacienda, a 31 de diciembre de 2019, superaban el millón de euros, sin incluir las deudas en periodo voluntario de pago, ni las cuantías aplazadas, fraccionadas o suspendidas.

La propuesta de inclusión en el listado suele ser comunicada a la persona contribuyente, que dispone de 10 días para formular alegaciones.

Pasado ese plazo, se procede a dictar el acuerdo de publicación, que se lleva a cabo por medios electrónicos y que deja de ser accesible transcurridos tres meses.

Asimismo, se adoptan las medidas necesarias para que los motores de búsqueda de internet no accedan a esta información.