“Estamos dejando a la banca la decisión sobre los créditos que se concedan”

Los 200.000 millones de euros anunciados esconden letra pequeña relevante.

—Efectivamente, la cifra queda muy bonita, pero si nos fijamos en la letra pequeña, el Gobierno lo que ha puesto encima de la mesa son 20.000 millones de euros, que son los recursos que dice que va a destinar a la compensación social, tanto a la Seguridad Social en materia de prestaciones por desempleo extraordinarias que va a tener que asumir como a las familias más vulnerables en acceso a los servicios básicos. Luego hay 100.000 millones de euros que no están puestos encima de la mesa, sino que son avales.

Eso cambia el panorama…

—Aunque el Banco Central Europeo se ha felicitado mucho por esta medida, no está tan claro que sea lo mejor. Primero, porque supone asumir el riesgo que tendría que corresponder al sistema financiero y se traslada al Estado, pero quien tiene que evaluar la concesión del crédito no van a ser las autoridades públicas, sino las entidades financieras. En segundo lugar, los 80.000 millones restantes conforman la parte del crédito que van a recibir las empresas, que tendrán que cubrir con garantías propias, porque si no, no me explico de dónde se pretende sacar esa cantidad. Por tanto, todo el riesgo del crédito se le transfiere al Estado y a las empresas. La banca de una forma políticamente muy acertada pero económicamente muy lamentable, puede entregar a diestro y siniestro esos créditos. ¿Qué ocurrirá cuando venga una mora elevada de dichos créditos? Entonces habrá que poner encima de la mesa el dinero y sí que computará para el déficit. Con lo cual, estamos dejando en manos de la banca la decisión sobre los créditos que se van a conceder, que irán destinados a empresas con necesidad de liquidez momentánea o a empresas insolventes. Como a la banca le da igual porque está avalada, pues tira millas.

¿Cuál es su diagnóstico comparado con las medidas tomadas en otros países de nuestro entorno?

—Para empezar hay que decir que esta orientación está en contra de los argumentos que se utilizaron después de la crisis financiera de por dónde iba a ir la reforma del sistema, porque una y otra vez los responsables de Bruselas han insistido en que se iba a eliminar definitivamente la socialización del riesgo bancario, y que iban a ser los accionistas y los propietarios de las entidades los que tuviesen que asumir el riesgo bancario. Pues de nuevo, volvemos a las andadas, tanto en España como en Alemania, y desandamos los poquitos pasos que se han dado hasta este momento. Por lo tanto, en mi opinión no es lo mejor que se podía haber hecho.

¿Y comparando con Italia?

—Allí se están tomando medidas más directas. Lo más lógico a mi entender. Se tendría que plantear una mora en el pago de créditos de empresas o de servicios básicos, lo mismo que con las familias, en sectores cuya actividad haya cesado completamente por el estado de alarma. Estas intervenciones ponen en manos de las autoridades públicas a los beneficiados, sectores productivos, sobre todo de servicios, que son los que peor lo van a tener estos meses.

Así que las medidas tomadas hasta ahora le dejan preocupado.

—Sí, teniendo en cuenta cómo los bancos gestionan los créditos, sobre todo, a las microempresas, salvo que se gestione a través de entidades públicas la liquidez que está generando el BCE. En este momento, después de desmantelarse las cajas de ahorros, la única entidad pública que queda es el ICO, que tiene una capacidad de gestión bastante limitada. Salvo que el ICO funcione en el crédito a las microempresas, vamos a ver en los próximos meses un cierre masivo de este tipo de entidades. / Foto: