Sindicatos exigen endurecer el despido y controlar las causas de los ERTE

En una rueda de prensa conjunta, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, reconocieron que las cifras de trabajadores afectados por algún tipo de medida de ajuste laboral durante esta pandemia está superando las previsiones más pesimistas y urgieron al Gobierno a tomar más medidas.

En el caso de los despidos individuales, proponen aplicar una "moratoria" para que no se pueda despedir durante esta crisis, vincular la obtención de financiación a no rescindir contratos o elevar la indemnización a 45 días con un pago mínimo equivalente al salario mínimo (950 euros) para que "no sea rentable despedir", explicó Sordo.

Por su parte, Álvarez abogó por dificultar las subvenciones a las empresas que despidan o que no sea posible acogerse a ningún tipo de despido que no sea el improcedente. "Los que despiden tienen que ser conscientes de que están haciendo un mal a la economía española y a sus propias empresas", dijo Álvarez. Ambos aseguraron que estas cuestiones fueron planteadas al Gobierno en la reunión mantenida a comienzos de esta semana.

Junto a esto, defendieron las medidas aprobadas para facilitar los ERTE, que ya son los suficientemente "automáticos" y apelaron a las empresas a usarlos para evitar los despidos, pero también desde la responsabilidad dada la flexibilidad y las ayudas públicas con las que cuentan. "Hay que evitar picarescas", señaló Sordo.

Y por ello, instaron al Gobierno a que, ya que se avalan sin poder evaluar la causa "a priori", se "reserve el derecho a revisarlos a posteriori", para evitar que alguna empresa pueda acogerse al de fuerza mayor (que exime del pago de las cotizaciones sociales) en vez de al de causas económicas.

Además de "taponar la vía de agua" que están provocando los despidos en esta crisis, ambos líderes sindicales aseguraron que hay colectivos que se han quedado fuera de la protección aprobada por el Gobierno de Sánchez.

En concreto, se refirieron a las personas a las que se les despide y no tienen prestación por desempleo porque no han generado el derecho o a las que se le termina un contrato eventual, para los que piden una prestación como la de los incluidos en ERTE.

Asimismo, urgieron a aprobar un "subsidio nuevo" para las empleadas de hogar, tanto para aquellas que estaban dadas de alta a la Seguridad Social y que han sido despedidas por la crisis del COVID-19, como para las que no lo estaban.

Ambos se mostraron de acuerdo en que continúe la producción en aquellos sectores que siguen funcionando, con la excepción quizás de algunos ámbitos de la construcción, si bien exigieron que sea obligatorio para ello que se cumplan todas las medidas de seguridad y protección de sus trabajadores.

"No puede ningún centro de trabajo que esté abierto y no cumpla las medidas de seguridad", dejaron claro.