donostia - La Audiencia Provincial de Álava confirmó ayer el sobreseimiento de la causa abierta contra el expresidente de los Parques Tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría por prevaricación, malversación de caudales públicos y administración desleal en su actuación en el fallido proyecto automovilístico Epsilon.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial alavesa considera que “no hay indicios suficientes” de que Sánchez Alegría haya perpetrado alguno de los tres delitos que se le imputaban y por ello confirma la decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria que ya el pasado año acordó sobreseer la causa penal contra él.
La decisión de la Audiencia alavesa, ante quien recurrió el Ministerio Fiscal, es firme y por lo tanto no cabe recurso contra ella. De esta manera se cierra el capítulo penal de este fallido proyecto automovilístico que aspiraba a competir en la Fórmula Uno y terminó quebrando a pesar de haber recibido más de 40 millones en ayudas públicas, la mayoría del Gobierno central.
De hecho, el que fuera administrador único de Epsilon, Joan Villadelprat, fue condenado por un juzgado de lo mercantil de Vitoria como responsable de la quiebra de esta firma y condenado a pagar 900.000 euros, una decisión confirmada por la Audiencia de Álava y el Tribunal Supremo.
Sin embargo, por la vía penal la Sección Segunda de la Audiencia alavesa absolvió a Villadelprat y a su socio, el británico Mark Payne, de los delitos de administración desleal, insolvencia punible y alzamientos de bienes tras un juicio en el que el Ministerio Fiscal solicitó ocho años de cárcel para cada uno.
Ahora, la misma sección acuerda cerrar la vía penal abierta contra Sánchez Alegría, entre 2005 y 2009, por un supuesto aval del Parque Tecnológico de Álava PTA a Epsilon que, según la Fiscalía, supuso un perjuicio para sus arcas de 16,4 millones de euros, en una operación que excedía el objeto social del parque. La Audiencia no observa que lo que firmó el investigado en enero de 2009 fuesen “avales o fianzas” ni que resultaran “dañosos” para el Parque, por lo que no ve prevaricación en la actuación de Sánchez Alegría.
Tampoco cree que sea culpable de un delito de malversación de caudales públicos porque “no existen indicios” de que el dinero público empleado por el PTA para ser en la actualidad propietario del edificio de Epsilon y de la parcela sobre la que se construyó su sede haya sido destinado a un uso ajeno. - N.G.
