donostia - Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer solicitar a la Diputación de este territorio un mayor control de las transacciones que se realizan en efectivo como medida adicional para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Esta petición se integra en la propuesta de resolución presentada en el Pleno que celebró ayer el Parlamento guipuzcoano y que salió adelante con los votos a favor de sus promotores, PNV y PSE, junto con el PP, la abstención de Podemos y el voto en contra de EH Bildu.
El texto califica la lucha contra el fraude como una iniciativa que refleja la voluntad de “tener el mejor sistema fiscal” y, aunque considera que actualmente se trabaja en el camino correcto para combatirlo, también cree que se pueden realizar aportaciones con el objetivo de enriquecerlo.
Entre ellas se sitúa esta solicitud de un mayor control de las transacciones que se realizan en efectivo en el territorio, así como ampliar las competencias de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Fraude creada en 2013.
En concreto, el documento aprobado ayer insta a la Diputación a que se dirija a este organismo para que contemple unos trabajos adicionales que consistirían en la realización de estudios periódicos sobre la cuantificación del fraude fiscal y la economía sumergida.
Estos análisis, según la resolución, deberían presentar un alto grado de detalle con el fin de detectar cualquier actividad que pudiera incurrir en el fraude fiscal.
También piden a la Diputación de Gipuzkoa que se profundice en la firma de convenios de intercambio de información con contenido económico entre las administraciones públicas y los diferentes agentes relacionados con este sector “cuya información pueda ser relevante”, actividad que si bien se viene realizando hasta ahora, conviene potenciar.
Las Juntas Generales añaden a sus propuestas dirigidas a la entidad foral una mayor cooperación entre esos agentes a través de instrumentos administrativos y de asistencia mutua. Aconsejan en este sentido utilizar “intercambios automáticos de información” y fomentar “el desarrollo de controles coordinados con la Agencia Estatal Tributaria”.
El texto aprobado advierte de que el fraude fiscal “es un ataque frontal a la solidaridad, a la igualdad y a la construcción social, económica y cultural de nuestro país”, motivo por el que debe erradicarse con medidas efectivas. - N.G.
