donostia - La Comisión Europea CE anunció ayer que ha recurrido la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que anuló la decisión del Ejecutivo comunitario de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales (tax lease) para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos.
La CE cumple así la advertencia que realizó el pasado mes de diciembre, cuando señaló que estudiaría la sentencia fallada por el Tribunal General que anuló la decisión tomada en el año 2013, cuando declaró ilegales las ayudas instituidas en el sector naval estatal al considerarlas selectivas.
El portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, fue el encargado ayer de anunciar la decisión última del organismo europeo de recurrir esta sentencia. “La Comisión defenderá su decisión ante el Tribunal de Justicia”, indicó.
La patronal de los astilleros del Estado, Pymar, criticó el recurso de la Comisión y afirmó que solo tendrá efectos “dilatorios” porque ha quedado demostrado que las autoridades europeas actuaron de forma “errónea”.
En la misma línea, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, aseguró que el Gobierno Vasco ve con “máxima tranquilidad” el recurso porque no prosperará. La consejera vasca consideró “lógica” la actuación de la CE. “Ante una sentencia en contra evidentemente se produce un recurso y continuará su camino”, añadió.
No obstante, Tapia aseguró que esta decisión europea no pone en peligro la financiación de los astilleros. De este modo, recordó que el sistema de financiación de los astilleros que actualmente se encuentra en vigor cuenta con el “aval” de la Unión Europea.
plena salud La consejera añadió que el nuevo instrumento financiero da una “seguridad jurídica máxima” a los inversores que, en respuesta, “están volviendo a financiar operaciones” de contratación de barcos.
“No hay el más mínimo riesgo para nuestros astilleros”, aseguró Tapia, quien incidió en que el sector naval vasco “goza ahora de plena salud”, con nuevas contrataciones en una dinámica que, según las previsiones que maneja el Gobierno Vasco, “van a continuar”.
Bruselas pidió en julio de 2013 a España que recuperara las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011. Las subvenciones debían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
No obstante, el tribunal estimó el año pasado que la conclusión de la Comisión de que las medidas podían “falsear la competencia” y “afectaban a los intercambios comerciales” entre Estados miembros “no está suficientemente motivada”. - N.G.
