Los planes del PP para las pensiones de viudedad crean dudas constitucionales
Expertos señalan que la salida de la Seguridad Social de estas prestaciones supondría un incremento de impuestos
donostia - Tras el anuncio del secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, de que el Gobierno se plantea sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema de Seguridad Social, no han tardado en encender todas las alarmas. A la preocupación de la población afectada, hay que añadir las interpretaciones de los expertos, coinciden en desaprobar esa medida e incluso exponen la posibilidad de que sea inconstitucional.
Javier Arrieta, doctor en derecho laboral por la Universidad de Deusto, señala que hay que matizar que es imposible constitucionalmente sacar estas pensiones relativas a la muerte y supervivencia de la Seguridad Social, “cuestión distinta son los arreglos y reformas que podrían realizarse dentro del sistema de la Seguridad Social”. Sacarlas de ahí podría ir en contra del artículo 41 de la Constitución, “que habla de mantener un sistema público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”. Arrieta explica, además, que la rama contributiva del sistema cuenta con una tradición importante que culmina con el Pacto de Toledo de 1995, basado en el consenso de todas las fuerzas parlamentarias.
Javier Arrieta plantea que el asunto pasa por determinar “cómo se pretende abaratar los costes del Sistema de Seguridad Social. Porque se ha hablado de recurrir a la vía de los impuestos, pero estos también deberán cargarse sobre alguien. ¿Sobre quién, cómo y con qué consecuencias? En verdad, las cotizaciones no dejan de constituir un impuesto particularísimo, que carga, principalmente, al empresario, aunque también al trabajador. ¿Ahora se pretende cargar sobre toda la ciudadanía tal y como se hace con las prestaciones no contributivas que, por cierto, también se ubican en el Sistema de Seguridad Social?”.
“Me da la sensación de que lo que se ha hecho es lanzar una piedra y esconder la mano. Personalmente, me parece poco prudente, más si cabe teniendo en cuenta que estamos en pleno agosto, y a cuatro meses vista o menos de unas elecciones generales muy importantes”, analiza Javier Arrieta. “Existen foros adecuados para tratar estos temas que exigen mucha discreción. Pero parece ser que, hoy en día, algunos políticos lo que quieren es lanzar bombas informativas. En vez de trabajar con prudencia y sensatez, dialogando, negociando y velando por el interés de toda la ciudadanía se dedican a estas cosas. Para eso están las comisiones parlamentarias, y, por supuesto, el propio foro del Pacto de Toledo que adoptó acuerdos en 2011 por última vez”, lamenta.
La propuesta del PP puede interpretarse como un intento de proyectar la sensación de que se puede salvar el sistema de pensiones, pero Javier Arrieta no cree que esta medida esté enfocada en ese sentido: “¿Qué va a ser lo siguiente? ¿La jubilación? ¿El desempleo? Porque en este momento, contingencias como la jubilación, el desempleo o las incapacidades temporales producen importantísimas salidas de la caja única. El problema es que España tiene una gran tasa de desempleo y una gran precariedad cuando todavía tiene que afrontar muchos retos”.
sistema inviable Por su parte, el economista José Ramón Urrutia admite que el Ejecutivo de Rajoy puede seguir adelante con la medida de sacar de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y orfandad: “En este momento el Gobierno español, respecto a la Seguridad Social, y de común acuerdo con las centrales sindicales, o sin común acuerdo y manumilitari está haciendo las reformas que le interesan y le convienen para tirar con este sistema que es inviable, que es insostenible, haciendo lo que él quiera o lo que le parezca”.
Urrutia señala que en este momento estas pensiones suponen casi un 20% de los presupuestos de la Seguridad Social, 25.000 millones. “Para pasar a ser financiados de otra forma tendría que ser a base de impuestos especiales, impuestos indirectos o IVA, o a cargo del déficit presupuestario, pero no déficit de la Seguridad Social”, explica José Ramón Urrutia. “Eso sí se podría hacer”, prosigue, “pero yo creo que hay una incorrección manifiesta solo con plantear este tema, que es que el sistema público de la Seguridad Social es de carácter contributivo. Es decir, con las cotizaciones que realizas y aportas, tanto desde la empresa como desde el trabajador, vas generando el derecho, sin tener un capital propio, para tener una prestación”. Se corre el riesgo de romper uno de los soportes básicos del sistema de Seguridad Social, que es el carácter contributivo. Urrutia advierte de que el Ejecutivo “tendría que tener mucho cuidado en mantener la filosofía propia de que el sistema público de Seguridad Social es contributivo, que es un sistema cerrado de caja única, un sistema de reparto y que, si hay otras atenciones, tienen que ser fuera del criterio propio de prestación”.
Para darle más recorrido a esta iniciativa, Urrutia cree que “tendrá que pasar por el Pacto de Toledo y ahí en cuatro meses no resuelven un problema de financiar las pensiones de viudedad por sistemas ajenos al de Seguridad Social, porque, por ejemplo, los viudos pedirán primero que se cumpla con la obligación de aumentar las cuantías al 60% de la base reguladora que se estableció a partir de 2011, cuando actualmente está en el 52%. Me imagino que este tema es otro bulo lanzado para ver qué pasa y punto final”.
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