Donostia. Los responsables del Grupo Alfonso Gallardo reunieron ayer al mediodía al comité de empresa de Corrugados Azpeitia y comunicaron el despido de los 40 empleados que quedaban en la fábrica. De esta manera, la planta quedará vacía en las próximas semanas, lista para ser vendida como consecuencia de la presión de los acreedores, tal y como sospechan fuentes del propio comité, que aseguró que se trata de una planta "que tiene futuro".
De los últimos 40 que pierden ahora su empleo, 39 lo harán despedidos mientras que uno permanecerá en la nómina de la empresa hasta el próximo mes de septiembre, cuando cumpla 55 años y pueda ser prejubilado, según detallaron fuentes del comité. En total, la representación de los empleados calcula que el coste de las indemnizaciones por despido y de los finiquitos de los casi 300 trabajadores con los que contaba la planta puede superar los 15 millones de euros.
Aunque la decisión se esperaba para finales de julio, fue comunicada finalmente ayer al comité por parte del responsable de Recursos Humanos de Corrugados Azpeitia, Iñigo Uribesalgo, junto a su homólogo de la planta que el Grupo Alfonso Gallardo tiene en Getafe. Hasta ahora y de manera gradual, han sido despedidos casi 230 trabajadores, a los que ayer la empresa sumó los últimos 40.
Fuentes sindicales aseguraron que cerca de un tercio de la plantilla aceptaron las condiciones planteadas por la dirección, 30 días por mes trabajado hasta un máximo de 18 mensualidades a cambio de renunciar a cualquier tipo de reclamación posterior, algo que el comité llegó a calificar semanas antes como "juego sucio". Los dos tercios de los empleados han sido despedidos con 20 días por año hasta un máximo de 12 meses.
Con liquidez "Hasta junio se nos decía que no había dinero ni para pagar los salarios atrasados y desde el 18 de junio se ha producido un goteo de despidos" que ayer cubrió a toda la plantilla. La razón principal de este proceder, según consideró el comité, es que el grupo consiguió en mayo un acuerdo con las entidades financieras para refinanciar su deuda por un periodo de cuatro años, tal y como anunció hace tres meses el conglomerado.
Por su parte, los empleados que dejan la vía abierta al proceso judicial contra el ERE son sobre todo los que continúan atentos del juicio que está fijado para próximo 29 de octubre en la Audiencia Nacional.
El grupo con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz) presentó en Madrid este expediente -que concluyó ayer con los últimos despidos y que incluye dos plantas extremeñas, la de Azpeitia y la de mallas de Lasao (donde a primera hora de la tarde ayer comunicó el despido de 38 de sus 68 empleados)- el pasado mes de abril, una vez la justicia vasca declaró nulo el de junio de 2012.
El papel de las instituciones Tras cerca de dos años de incertidumbre laboral y unos últimos meses en los que los casi 300 trabajadores de la factoría azpeitiarra han visto decrecer la carga de trabajo hasta ser prácticamente inexistente. Según dio a conocer ayer el comité de empresa mediante un comunicado, la de Corrugados Azpeitia se trata de "una planta con futuro" y reclamaron "a todas las instituciones que actúen con responsabilidad ante el cierre de la empresa".
El último contacto entre los trabajadores y las instituciones tuvo lugar hace menos de una semana, cuando con motivo de la festividad de San Inazio bigarrena, el 1 de agosto, la comitiva de autoridades presidida por el lehendakari recorrió Azpeitia entre la plaza del Consistorio hasta la basílica de Loiola. El comité entregó al propio Iñigo Urkullu y al diputado general, Martin Garitano, una carta en la que pidió su apoyo ante su situación. Unas solicitudes sobre las que este lunes el órgano de representación laboral dijo no haber recibido respuesta.
Las quejas de los empleados respecto a las instituciones se centran en que durante las últimas semanas, cuando el Grupo Alfonso Gallardo ha ido despidiendo a los casi 280 trabajadores, el Ejecutivo Vasco no ha ejecutado ninguna acción sobre el conglomerado extremeño.
El Gobierno de Vitoria está involucrado en el devenir de la factoría por los cinco millones en créditos participativos que el Gabinete de Patxi López concedió para garantizar la continuidad de la planta. Por esta razón, el Ejecutivo abordará en las próximas semanas el futuro de Corrugados Azpeitia, una cuestión que puede estar sobre la mesa del primer Consejo de Gobierno previsto para el 27 de agosto, la tradicional cita del Palacio de Miramar que sirve para abrir el curso político.
La Diputación de Gipuzkoa, por su parte, también ha concedido aplazamientos de deudas fiscales con el mismo objetivo de continuidad de la actividad que perseguía Lakua. Una pretensión que, a la vista de los últimos despidos de ayer y pese a que la planta especializada en la fabricación de barras corrugadas por la fundición de acero en horno eléctrico y laminación en caliente recibió un encargo hace varias semanas, no se ha alcanzado.
Según ha denunciado el propio comité en las últimas fechas, el objetivo real es vaciar la empresa de personal para hacerla atractiva y venderla: "Una vez desaparecida la carga social de la empresa, lo que va a hacer es especular con ella y venderla al que le ofrezca mejor precio".
A partir de ahora, el futuro de los trabajadores se jugará en el campo judicial. Por una parte, el propio juicio que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y, por el otro, las pesquisas que la Ertzaintza está realizando sobre la presunta desaparición de información y planos del tren de laminación que denunció el comité de empresa. Hasta la fecha, dos delegados sindicales ya han prestado declaración y, al parecer, lo han podido hacer ya el gerente y el jefe de laminación de la empresa.
