Donostia. La Hacienda guipuzcoana ha localizado un yacimiento de ingresos fiscales en las aportaciones que los cooperativistas retirados perciben al salir de sus empresas y que, en la mayoría de casos, conllevan una ganancia patrimonial. Estaríamos hablando de la diferencia entre el dinero aportado al entrar en una cooperativa y el percibido a la salida. Ese beneficio, descontadas las actualizaciones por el efecto de la inflación, debe tributar en el impuesto sobre la Renta, pero en la práctica, "salvo unos pocos que pudieran haberlo hecho, los cooperativistas no acudían a declarar esa ganancia patrimonial", admiten fuentes del mundo cooperativo.

El frente abierto por la Diputación de Gipuzkoa, según profesionales consultados por este periódico, abre una "vía de ingresos recurrente" para la Hacienda foral en los próximos ejercicios. De hecho, ya ha habido negociaciones con las otras diputaciones y todo apunta a que este año las tres haciendas vascas podrían disponer de forma precisa de toda la información sobre la cartilla de los cooperativistas. "Por el momento -confirman fuentes del mundo cooperativo- "el único requerimiento es el de Gipuzkoa".

Todo empezó en la primera mitad de 2012, cuando la Hacienda foral remitió un expediente informativo a las cooperativas. Pedía información sobre las cartillas de sus socios para calcular la ganancia patrimonial obtenida por estos a lo largo de su carrera profesional. Para entonces, la Diputación estaba perfilando cómo iba a tributar por estas cantidades que se le escapaban.

El fisco estaba a ciegas. Las cooperativas no tenían obligación de informar ni efectuar retenciones sobre ese dinero, pero ahora el Gobierno de Gipuzkoa ya dispone de la información de las cartillas y con ella ha decidido reclamar a los cooperativistas que no lo declararon en el pasado.

Se ven afectados por esta actuación, exclusivamente los socios con domicilio en Gipuzkoa. Todos aquellos que entre los años 2008 y 2011 causaron baja o trasmitieron su aportación (los casos anteriores han prescrito). En definitiva, quienes en ese periodo recuperaron en efectivo todas sus aportaciones al capital realizadas a su cartilla durante años. Por su parte, quienes se retiraron en 2012 deberán declarar su ganancia en la campaña de Renta que se abre el mes que viene.

¿Qué han tenido que hacer los afectados? Regularizar su situación. Hacienda dio de plazo a las cooperativas hasta el 5 de noviembre pasado para entregar la información de las cartillas. Además, abrió otro periodo hasta el 25 de diciembre para que los excooperativistas afectados -han sido asesorados por sus empresas y grupos cooperativos- enviaran una solicitud de regularización voluntaria. A partir de ahí, Hacienda inició en enero el envío de liquidaciones, que aún siguen llegando.

El socio puede recurrir esta liquidación ante Hacienda, pero si no lo hace, se abre un plazo para el pago del impuesto y el recargo y los intereses de demora.

Las cantidades que estos excooperativistas han tenido que pagar al fisco son absolutamente dispares. En algunos casos, se trata de liquidaciones inferiores a 1.000 euros, como es el caso de trabajadores que han hecho toda la vida en Fagor Electrodomésticos, por ejemplo. Por contra, en otras, la cantidad supera los 20.000 euros, con muchas cuotas íntegras en torno a los 30.000 y algunas que superan incluso los 50.000. Hablamos de cooperativas como Irizar, Orona, Ampo, Ulma y otras.

¿Cuánto ha ingresado hacienda? La Diputación tampoco quiere decir la cantidad aflorada por esta actuación. Aunque este periódico ha solicitado una valoración sobre el proceso de regularización, no ha obtenido respuesta, pero en todo caso sería una cantidad pequeña en relación a la recaudación fiscal del territorio, que en 2012 superó los 3.600 millones. Difícilmente iría mucho más allá de los diez millones.

En caso de regularización voluntaria, las liquidaciones de Hacienda incluyen el cálculo de la cuota íntegra que no se satisfizo en la campaña de la Renta correspondiente (se grava el 18% de la base imponible en 2008 y 2009; y el 20% en 2010 y 2011), más intereses de demora del 5%y recargos mayoritariamente del 10%. Por contra, a los afectados que no se acogieron a la regularización voluntaria, cuando Hacienda gire la liquidación se les aplicarán intereses de demora y sanciones mucho más cuantiosas que podrían ir desde el 50% hasta el 150% de recargo.

¿Se puede cuestionar la actuación de Hacienda? "No se ha hecho". Según profesionales del ámbito cooperativo, "gente que tiene ciertos conocimientos financieros, se planteaba que parte de ese beneficio ya había tributado por sociedades y podría darse una doble imposición, pero en ningún momento se ha aducido porque no había argumentario como para cuestionar a Hacienda".

Según las mismas fuentes, las cooperativas han repartido sus beneficios entre los socios de dos formas: el dinero capitalizado, que es el que va a la cartilla, se acumula a la cuenta propia y no tributa. Por otro lado, si se monetariza y produce retornos, sí tributa en cada ejercicio. Por tanto, "el dinero que has ido acumulando no lo has tributado nunca".

Se desconoce el número de afectados -Hacienda no lo facilita-, pero podrían superar los 1.500, teniendo en cuenta que en el territorio hay unos 25.000 cooperativistas, y viendo los porcentajes aproximados de jubilaciones que se producen en las empresas cada año. En Gipuzkoa hay unas 450 cooperativas asociadas en Konfekoop -incluidas las de Corporación Mondragon-, y según el INE, el número total supera las 600.