Donostia. La Unión Europea ha impuesto entre las recomendaciones-exigencias contenidas en el principio de acuerdo alcanzado el pasado mes de julio por el que concederá un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para ayudar al saneamiento de la banca española la creación de lo que se ha dado en llamar un banco malo. En el documento firmado Memorandum of Understanding (MoU) se incluye la puesta en marcha de esta figura, además de la exigencia de recapitalización a la gran banca del Estado español para elevar su ratio de core capital al 9%.

El banco malo es una sociedad gestora de créditos tóxicos, al que las entidades financieras que necesiten ayudas públicas deberán traspasar préstamos de dudoso cobro.

En un principio esta entidad de gestión se hará cargo de los activos de difícil cobro de las entidades financieras intervenidas con dinero público que son Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. La morosidad del sector financiero español va camino del 10% y sumaba a 30 de junio más de 164.000 millones de euros. Este es solo el principio porque si más entidades financieras precisan de fondos públicos, y todo parece indicar que bastantes más lo precisarán, se verían afectados por esta medida.

Hay sectores muy críticos con la creación de un banco malo porque, en resumen, supone que entidades privadas, bancos y cajas, que se han equivocado en sus negocios prestando un dinero a quienes no podían devolverlo o valorando, suelos y pisos a un precio desmesurado, ven ahora cómo con el dinero de todos los ciudadanos se les compra unos activos a un precio por encima del que obtendrían en la actualidad en el libre mercado lo que supone socializar las pérdidas.

En cualquier caso, mientras siguen sin decidirse los criterios definitivos para fijar las condiciones -el Ejecutivo de Rajoy ha estado este fin de semana reunido con una delegación de los hombres de negro europeos-, en principio el Gobierno español estudia limitarlo al dinero prestado a los promotores inmobiliarios. Ello a pesar de que Bruselas sugirió incluir cualquier activo con claros signos de deterioro: desde créditos a empresas de otros sectores a préstamos a particulares con serias dificultades para devolver el dinero.

El debate no está cerrado y el banco -en realidad no es un banco sino una sociedad de gestión de activos Asset Management Company (AMC)- se quiere que esté limitado al riesgo inmobiliario.

El problema fundamental es saber a qué precio se van a valorar los activos de la banca. Es decir, si al precio real de mercado que, según los parámetros anglosajones, supone una depreciación muy fuerte que dejaría a numerosas entidades financieras en pérdidas; o a un precio superior que diluiría los errores de gestión pero dejaría el mercado inmobiliario intervenido durante otra década y supondría no resolver el problema de los pisos.

Existe la posibilidad de que los activos se paguen con deuda pública que, a su vez, se contabilice en las carteras a vencimiento. Eso no exigiría desembolso inmediato de caja, permitiría a las entidades descontarlos para obtener liquidez y libera capital para conceder préstamos, aunque está en el aire si los bancos recibirán dinero en efectivo, la citada deuda pública o participaciones en el capital del propio banco malo. En todo caso, la pérdida respecto al valor en libros de los activos menos las provisiones dotadas la tendrán que asumir los bancos, y para ello contarán con el dinero del rescate. Por otro lado, si el precio es superior al de mercado, la diferencia se considerará también ayuda de Estado y se descontará de la ayuda comunitaria.

fondos públicos El principal objetivo del banco malo no es otro que el de mejorar la actual situación económica bancaria. Para ello, esta sociedad de gestión compraría con fondos públicos, prestados en primera instancia por Bruselas los activos tóxicos de los bancos convencionales. De esta forma, libera a las entidades bancarias de la insolvencia a corto plazo y, además, les permite volver a ejercer como tal a la hora de entregar créditos e hipotecas a los clientes, reactivando la economía del Estado español.

Otro problema es que con esta figura se iguala a los bancos y cajas que han hecho una buena gestión con los que lo han hecho deficientemente. Los bancos malos no pagan con la quiebra como debería ser por su negativa gestión, salvando siempre los depósitos de los ahorradores. A cambio se endurecen las condiciones para toda la banca, incluida la vasca, y se paga a escote del contribuyente buena parte de las pérdidas de bancos y cajas de ahorros.