La Plataforma Ciudadana San Bartolomé ha solicitado hoy formalmente al alcalde de Donostia, Eneko Goia, que “proceda a declarar la caducidad de la licencia de obras concedida al promotor, fondo de inversión San Bartolomé SL, para la ejecución de los trabajos de un Centro Comercial en San Bartolomé”.
Según han recordado los representantes de la citada plataforma, entre los que se hallan el edil de Elkarrekin Donostia, Victor Lasa; el ex alcalde de Donostia, Odón Elorza; el ex concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia y Elena Martínez de Murguía, vecina de la zona, que han acudido hoy al Consistorio donostiarra, la Junta de Gobierno local acordó el 10 de septiembre del pasado año conceder una licencia de obras mayores al fondo de inversión antes citado, con el fin de que avanzara en la construcción de un centro comercial y un parking subterráneo.
Prórroga
Entre las obligaciones que se fijaron tras esta decisión se halla la de dar inicio a las obras “en el plazo de seis meses” desde la concesión de la licencia.
Según se estipula en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en el caso de que las obras no comiencen en el plazo estipulado “el Ayuntamiento declarará, previo procedimiento administrativo con audiencia al interesado, la caducidad de la licencia sin derecho a indemnización alguna”.
Se contempla, además, la posibilidad de solicitar una ampliación motivada de los plazas de licencia para que el Ayuntamiento tome la decisión pertinente.
Así lo hizo el 27 de febrero New San Bartolomé, a lo que el área de Urbanismo, han asegurado los miembros de la plataforma, dio una respuesta positiva.
A punto de caducar
Esta ampliación de plazo, han incidido, finaliza el miércoles 10 de septiembre.
El 11 de abril el alcalde, Eneko Goia, anunció la renuncia al proyecto de centro comercial, avanzando que se iniciaba un proceso de negociación con las partes implicadas.
Cinco meses después, han constatado, las obras no se han iniciado y quedan dos días para que se cumpla la prórroga concedida en un escenario, añaden, en el que “nadie puede alegar motivación razonable alguna para, en su caso, proceder a la concesión” de una nueva.
Así las cosas, la Plataforma reclama que el Ayuntamiento de Donostia acuerde “la caducidad de la licencia”, al no existir motivación alguna para su prórroga y sí, por el contrario, ser evidente “la confusión ciudadana existente ante el incumplimiento del compromiso anunciado por el alcalde el 11 de abril”.
