A pocas semanas de que se cumpla un año del anuncio por parte del alcalde de Donostia, Eneko Goia, de la “suspensión temporal”, del convenio suscrito con el Ministerio de Defensa que posibilita la compra de los cuarteles de Loiola, y en consecuencia dejaba en suspenso la compraventa de los mismos, la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, ha anunciado este viernes que ya hay fecha para esta firma: el próximo miércoles, 23 de julio.
"Estamos aquí para comunicar con mucha alegría que el día 23 vamos a proceder, por fin, a la escrituración de la compraventa de los terrenos ocupados actualmente por los cuarteles de Loiola", ha expresado Arzallus, que ha calificado de "importante" la operación urbanística que podrá desarrollar Donostia en esas parcelas.
"Habrá 1.700 viviendas para las y los donostiarras, que es lo importante", ha recordado la delegada de Urbanismo, que ha explicado que a partir de la semana que viene, el Ejército español dispone de un plazo máximo de cuatro años "para dejar ese ámbito".
Aun así, en ese lapso de tiempo el Ayuntamiento seguirá trabajando "para hacer historia en esos cuarteles de Loiola". Primero llegará el pliego para el concurso internacional de ideas, algo que ya ocupa al Consistorio; y después, "aprovecharemos estos cuatro años para empezar con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que es necesaria para el planeamiento y la construcción de las viviendas".
"Es un momento y una fecha importante para hacer historia en el urbanismo de esta ciudad", ha concluido Arzallus.
Un poco de historia
La que es considerada como una de las operaciones de vivienda más importantes para Donostia, ha tenido una evolución no exenta de escollos.
En junio de 2024 se supo que Costas iniciaba la tramitación para aumentar a 100 metros los 20 metros hasta entonces aplicables como servidumbre de protección para los terrenos situados junto al espacio de dominio público marítimo, en este caso fluvial.
Este cambio convertía en inviable un proyecto que contempla la construcción de entorno a 1.700 viviendas en una ciudad que las necesita.
Ante este escenario, el Ayuntamiento adoptó la decisión de suspender de forma temporal el convenio firmado con el Ministerio de Defensa en diciembre de 2023.
El Consistorio, ante la decisión de Costas de aumentar la franja de servidumbre, presentó una serie de alegaciones, solicitando que fuera “consecuente con las acciones que tomaron en la década de los 90, cuando se estableció la línea de servidumbre en 20 metros”.
“El Ayuntamiento necesita tener la seguridad de que finalmente la franja de servidumbre es de 20 metros y no de 100, porque toda la operación está calculada así. No tiene ninguna lógica que el Ayuntamiento proceda a la adquisición de un bien cuya valoración se ha hecho sobre una franja de servidumbre de 20 metros. El valor sería muy distinto y la valoración estaría mal hecha”, señaló en su día el alcalde de Donostia, Eneko Goia.
La espera se hizo larga
Hubo que esperar hasta febrero del año en curso para conocer que el Ministerio de Medio Ambiente admitía los argumentos del Ayuntamiento de Donostia para fijar la linde a veinte metros del cauce del río Urumea.
La operación de vivienda se desbloqueaba, aunque quedaba todavía camino por andar.
Tampoco superar la siguiente etapa ha sido una tarea sencilla, ya que desde entonces el Ayuntamiento de Donostia espera a que se le diera día y hora para la firma del contrato de compraventa, tras la oportuna reactivación del convenio suspendido.
El futuro, aunque esperanzador, no se presenta como una panacea inmediata para paliar el problema de la vivienda en la ciudad ya que, como recordó Goia, “los militares tendrán cuatro años para abandonar las instalaciones”, tiempo este que dedicará el Consistorio “a la elaboración del planeamiento”.
En un Pleno celebrado recientemente en el Consistorio donostiarra Nekane Arzallus anunció que el 100% de las viviendas a construir en este ámbito serán de promoción pública, de las que el 40% serán protegidas y el resto tasadas municipales.
