Tras conocerse que el Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) había inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Donostia a una sentencia que anulaba la convocatoria de dos plazas de Guardia Municipal por requerir que se debía de acreditar el perfil B2 de euskera, el concejal de Cultura y Euskera, Jon Insausti, ha asegurado que esta sentencia “nos hace retroceder en la tarea de ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía también en euskera”.

Insausti ha afirmado que la sentencia del TSJPV se basa “en un premisa que es falsa: que se prioriza el euskera ante el castellano y eso no es verdad”. El edil del PNVha insistido en que “es tarea del Ayuntamiento poner los derechos de los ciudadanos en el centro” y, en consecuencia, “también los derechos lingüísticos”.

“Aquel ciudadano que quiera relacionarse con la Administración en euskera, tiene que tener garantizado su derecho al igual que el quiera hacerlo en castellano”, ha abundado Insausti que ha afirmado que las administraciones “tiene que velar por ofrecer el mejor servicio posible”.

“Llevamos más de 40 años normalizando el idioma, tanto en la ciudad como en la Administración, de una forma progresiva y pacífica y aceptada por la mayoría de la sociedad”, ha asegurado Insausti.

Generar problemas donde no los hay

El concejal de Euskera ha afirmado que la sentencia, que pone fin al recorrido judicial de los recursos, “no ha hecho más que generar un problema allí donde no lo había”.

“Tenemos que hablar claro y decir rotundamente que el Ayuntamiento de Donostia seguirá impulsando la normalización del euskera en la ciudad y en la Administración y que seguirá solicitando los criterios lingüísticos allá donde corresponda”, ha concluido.

La sentencia inicial que dio inicio a este camino judicial fue fruto del recurso que interpuso un particular contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que en diciembre de 2022 aprobó las bases de estas plazas para la Guardia Urbana.

Acreditar el B2

En el recurso se argumentaba que argumentaba que la exigencia de acreditar el perfil B2 para acceder a ambos puestos “implicaba la vulneración de su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos” recogido en la Constitución.

Un juzgado donostiarra dio la razón a esta persona por entender es la Administración la que “ha de buscar la vía para garantizar la posibilidad de que los ciudadanos puedan relacionarse con ella en euskera” sin que “suponga una discriminación” en su derecho a acceder al empleo público para aquellos que no lo conocen. 

Fue el propio alcalde de la ciudad, Eneko Goia, quien anunció la intención del Ayuntamiento de recurrir dicha sentencia, recurso que ha sido inadmitido por el TSJPV.

En aquel momento Goia calificó la sentencia como “ataque directo a la oficialidad del euskera”.