Un usuario con nivel B2 de euskera, un nivel básico avanzado, puede relacionarse con euskaldunes nativos con la suficiente fluidez y naturalidad como para que la comunicación se realice sin un gran esfuerzo por ambas partes. Quizá sin grandes alardes, pero sí de forma funcional y efectiva. Pero según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), tal requisito no puede ser exigible a los candidatos para conformar una bolsa de personal interino de Policía Local en Euskadi, a la que recurrirán los diferentes ayuntamientos vascos a la hora de cubrir las vacantes que requieran.
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra aún en este caso, siempre y cuando la Academia Vasca de Policías y Emergencias de Arkaute decida recurrirla, pero de nuevo los jueces se decantan por garantizar los derechos de los y las trabajadoras que aspiran a un empleo público en Euskadi, frente a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. La tendencia es clara.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV considera que exigir el B2 a los policías locales es una medida “desproporcionada y discriminatoria”. El tribunal se acoge en este caso a que el fin último no es cubrir un puesto específico que requiera de dicho nivel de euskera, sino de conformar una bolsa de trabajo que puede requerir personal para funciones sin dicho nivel de conocimiento del euskera. He ahí la clave.
El TSJPV reconoce, de hecho, que “el derecho de los vascoparlantes a comunicarse en la lengua cooficial debe garantizarse con independencia de que constituyan una minoría”, aunque sostiene que para ello “sería suficiente con que uno de los integrantes de cada pareja y alguno de los agentes que atienda al público, conozcan el idioma”.
También recalca que la motivación principal a la hora de crear esta bolsa de trabajo es “cubrir la falta de policías municipales”, por lo que el idioma debería ser considerado como un aspecto secundario, argumenta.
Es la enésima sentencia en contra del euskera como requisito laboral en la función pública vasca. Y son ya una treintena los casos que se acumulan en el mismo sentido desde 2020. Unos más llamativos que otros, en lo que ya muchos consideran una ofensiva judicial contra el euskera y su normalización en la Administración pública.
Desde la Administración vasca y agentes sociales vinculados al euskera se insiste en que todas ellas son “sentencias preventivas” de instancias que consideran peligrosas las herramientas introducidas por la Administración para normalizar el uso del euskera, en la medida que podrían relegar el uso del castellano en las mismas.
Algunos pequeños ayuntamientos euskaldunes, de hecho, aseguran encontrarse sin base jurídica para funcionar con normalidad debido a alguna de estas sentencias y hablan de tsunami judicial contra la lengua vasca y de euskarafobia.
En este nuevo caso, el TSJPV lo que ha hecho ha sido confirmar una decisión que tomó en julio de 2022 el Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo número 3 de Gasteiz, que anuló una de las bases que estableció el director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. El máximo responsable de Arkaute estableció como requisito de admisión en el proceso poseer el B2 de euskera.
Según informó ayer el TSJPV en un comunicado, el tribunal de instancia consideró que esta exigencia, “deja fuera del acceso a la bolsa de todo aquel que no pueda acreditar dicho nivel y que podría ocupar legalmente determinados puestos de trabajo, por lo que dicha exigencia supone un trato discriminatorio en el acceso a la función pública hacia tales aspirantes”.
La anulación judicial en primera instancia de dicha cláusula suponía, de facto, que se procediese a la “admisión en la convocatoria a todos aquellos aspirantes que no posean el nivel B2 de euskera”. Pero la decisión fue recurrida ante el TSJPV por la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Y ahora el TSJPV ha desestimado el recurso.
El TSJPV precisa que esa bolsa de trabajo que se pretende elaborar “no está predeterminada a ser destinada, exclusivamente, a puestos con perfil lingüístico vencido, sino a cualquier necesidad, en general, de las entidades locales de disponer de policías locales para las funciones que se refieren en la resolución”. “La cuestión de si es para puestos con perfil lingüístico o sin él, vencido o no vencido, es algo posterior”, añade.
Dicha argumentación lleva al alto tribunal a concluir que “carece de sentido la exigencia de perfil lingüístico como requisito de acceso a la bolsa: es un requisito desproporcionado, que limita el acceso a funciones y cargos públicos de los castellanoparlantes sin una razón objetiva”. En su opinión, el euskera debe ser tenido en cuenta como “mérito”.
“No se está discutiendo la procedencia de exigir el perfil lingüístico para acceder a un puesto, sino a una bolsa que se va a utilizar para proveer puestos con y sin perfil lingüístico, y con perfil vencido y no vencido”, dice.
Este año también fue considerado, en otra sentencia, “discriminatorio pedir el perfil B1 en la contratación de quince operarios de limpieza viaria en Pasaia. Los recursos vienen a menudo por parte de particulares, sindicatos y empresas y están provocando una cascada de decisiones que ponen en cuestión la propia configuración de los perfiles lingüísticos que fija la Administración.
