Trabajadoras de los servicios sociales del Ayuntamiento de Donostia han denunciado este miércoles que los mismos "están al límite" porque los recursos humanos y materiales "son insuficientes" para la demanda de ayuda y atención que "no deja de crecer".
Unos 40 empleados, mayoritariamente mujeres, del departamento municipal de acción social se han concentrado junto al consistorio y han ofrecido una rueda de prensa para advertir de "la sobrecarga" que padecen y reclamar a los responsables políticos medidas para atajarla.
Dos representantes del personal, Maialen San Sebastián y Josune Lezana, han hecho de portavoces, en una comparecencia en la que han asegurado que la plantilla cuenta con el apoyo de la Junta de Personal del Ayuntamiento, integrada por ELA, LAB, CCOO, Erne y Esan.
Sobrecarga agravada
Han explicado que "la sobrecarga no es nueva pero se ha agravado hasta niveles insostenibles" en los últimos tiempos, lo que causa "un impacto directo y doloroso" entre las personas vulnerables que precisan ayuda, para cubrir necesidades básicas de alimentación o vivienda, atención a la dependencia o asistencia en los centros de barrio, oficinas o servicios del Ayuntamiento donostiarra.
Todas son residentes de Donostia que se topan con "listas de espera interminables" y cuyos "derechos básicos no pueden ser garantizados", ha denunciado Lezana.
Según ha precisado, la plantilla municipal de acción social asciende a unos 125 empleados, entre trabajadoras sociales, psicólogos, educadores, técnicos y administrativos, que desempeñan sus tareas de forma "incansable" para atender diariamente a familias desahuciadas, personas sin techo, mayores dependientes o niños en riesgo de exclusión, además de a los demandes de Ayudas de Emergencia Social (AES), entre otros colectivos.
"Lo seguiremos haciendo, pero necesitamos más recursos, más personal y una gestión que priorice las necesidades de las personas", ha reclamado.
Reducir el ratio de atención por profesional
Entre sus demandas, destacan la reducción del ratio de atención por profesional, de 1 por cada 340 familias actualmente a 1 por cada 315, lo que equivaldría a unas 10 plazas más, así como medidas para garantizar la estabilidad y continuidad en los puestos porque, tal como han lamentado, debido "a la presión" con la que trabajan muchos funcionarios o interinos "cambian de departamento en cuanto pueden".
Las representantes han exigido además la creación de "bolsas de trabajo" para necesidades puntuales y urgentes, pero sobre todo que el Ayuntamiento haga un estudio formal de "las necesidades estructurales y organizativas" de la cartera de servicios y programas sociales para adoptar "las correspondientes medidas".
Han afirmado que ya han denunciado su situación ante las autoridades municipales y, en concreto, ante la concejala de Servicios Sociales, Mariaje Idoeta, con quien se han reunido en dos ocasiones, en las que obtuvieron "respuestas claramente insuficientes".
Se han mostrado por tanto "dispuestas a revertir esta situación luchando" y han adelantado que convocarán movilizaciones.
