El conflicto por los amarres del muelle de Donostia ha subido un escalón, tras la aceptación de la querella criminal interpuesta por titular de embarcación en contra de la directora de Euskal Kirol Portuak (EKP), Edurne Egaña. La querella, que ha sido firmada por una única persona, aunque ofrece como testigos a otras, se presenta por tres presuntos delitos de prevaricación, coacciones y acoso y obligará a comparecer ante el juez a la máxima directiva de la entidad dependiente del Gobierno Vasco el 12 de diciembre.
Como se recordará, EKP inició en abril de 2021 un proceso para la renovación de las concesiones de los 384 amarres del puerto, ocupados por embarcaciones de recreo. La decisión fue muy bien acogida por los inscritos de la lista de espera, casi inamovible desde años atrás, aunque no tanto por quienes tenían plaza desde hacía tiempo.
Tras la presentación de las solicitudes en el periodo previsto, grupos de aspirantes a tener una plaza en el muelle donostiarra denunciaron que la gran mayoría de las plazas quedaban en manos de los mismos barcos que las ocupaban hasta la fecha y señalaron errores concretos, además de presentar recursos administrativos. EKP, entonces, suspendió el reparto de amarres para “corregir errores” y añadió un plazo de tres meses para revisar las listas, lo que originó la creación de un segundo listado diferente.
Entonces, titulares de amarres que habían obtenido plaza en la primera lista y no en la segunda presentaron distintos recursos de alzada por no haberles informado de modo directo.
Además, algunos recurrieron al Tribunal Contencioso Administrativo de Vitoria (por ser la ciudad sede de EKP) y también ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Donostia, que es el que ha admitido a trámite la querella contra la directora de EKP. Algunos afectados también han recurrido al Ararteko, que les ha pedido documentación recientemente para analizar la situación.
La querella criminal que ha sido admitida a estudio sostiene que la directora de EKP, en su empeño de reasignar las plazas existentes, “ha logrado hacer una chapuza, que se ha ido paulatinamente tapando con sucesivas chapuzas y, lo que es peor, con acciones y omisiones que tienen apariencia contraria al Código Penal”.
El demandante considera que los actos derivados del proceso de creación de nuevas listas están “viciados de origen y son nulos” y añade que la directora de EKP (que tiene servicios jurídicos a su disposición, asesores, etc... lo sabe, y si no lo sabe, peor todavía”. “No son una simple incompetencia”, añade.
Por otra parte, critica la orden de abandono de la plaza de amarre “bajo amenaza de desalojo forzoso y ello pese a conocer EKP que hay un procedimiento administrativo en marcha e incluso procedimientos judiciales el trámite”.
El querellante recuerda que el conflicto en torno a los amarres de recreo también se ha producido en la localidad vizcaina de Plentzia y también niega que en Donostia se hubieran medidos las embarcaciones, como se preveía, además de asegurar que tampoco se llevó a cabo un sorteo ante notario, previsto en las bases de la convocatoria para el que varias embarcaciones cumplieran las condiciones para ocupar una plaza concreta.
También señala en su querella que se han admitido varias solicitudes de amarre a una misma persona, a barcos que no han presentado solicitud, a barcos extranjeros y a personas que no tienen barco, entre otras cuestiones.
Fuentes del Gobierno Vasco no valoraron la presentación de la querella ya que, según señalaron, el texto no ha sido remitido aún a la interesada.
