donostia - La asociación Áncora que trabaja en la defensa del patrimonio reclamó ayer en el Parlamento Vasco que Lakua exija a la Diputación que ponga una fecha para la recolocación de la cúpula del Bellas Artes y que aporte también una partida económica. Además, pidió que se inste a la Diputación a que ejecute las obras de recolocación de forma subsidiaria, vista la “nula voluntad negociadora” de la propietaria, la empresa Sade.

Los miembros de Áncora, Montserrat Fornells, Alberto Fernández D’Arlás y Juan Ignacio García Velilla, comparecieron en la comisión de Cultura del Parlamento y recordaron que el informe del Ararteko también considera que la actuación de las instituciones al permitir el derribo de la cúpula fue “impropia”. Ese informe también aludía a que no se había analizado la alternativa planteada por la empresa Idom para garantizar la seguridad, que era actuar en la cúpula desde dentro sin derribarla. Denunciaron, además, que el diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, afirmó la pasada semana que él decidió no poner una fecha en la orden de reparación para dar un margen de tiempo de alrededor de un año para negociar con la propietaria y criticaron que “por su cuenta subordinó la Ley de Patrimonio a unas hipotéticas negociaciones que no existen”.

Por eso, reclaman que la Diputación emita una nueva orden de reparación que incluya una fecha y pidieron a los parlamentarios que se lo exijan.

Los grupos de EH Bildu, PP y UPyD compartieron el análisis de Áncora y añadieron que las instituciones afectadas han actuado “con falta de responsabilidad” en este tema. La semana que viene el debate volverá al Parlamento de la mano de una proposición no de ley presentada por EH Bildu, que ayer se comprometió a transaccionar su propuesta para incluir las reclamaciones de Áncora y llegar a acuerdos con otros grupos.

Tanto los representantes de PSE-EE como del PNV insistieron en que comparten la necesidad de proteger el Bellas Artes y afirmaron que las instituciones están en ello y que la Diputación ha encargado ya el presupuesto para impermeabilizar el edificio. El PSE-EE añadió que el tema no es tan sencillo y que hay que tener en cuenta a los propietarios. El PNV recordó que la Sade ha recurrido al juzgado y que el Gobierno Vasco no puede ordenar a la Diputación que haga algo porque no existe una relación jerárquica sino de reparto de competencias entre las dos instituciones. También recordó que la Administración debe seguir los procedimientos y no puede actuar de forma indiscriminada.

“Si esperamos a los tribunales ya no habrá edificio que proteger”, insistió Fornells.