Unos la aplauden y otros la critican duramente. La nueva ordenanza reguladora de la ubicación de clubes sociales de cannabis aprobada por el Ayuntamiento de Donostia acaba de entrar en vigor y aunque sí ha contado con la participación y el respaldo de algunas de las asociaciones existentes en Donostia, que alaban que por primera vez se reconoce en un texto legal su existencia, hay clubes que han mostrado un gran malestar: defienden que su actividad es privada y que el texto, que consideran inconstitucional, coarta su libertad y les discrimina.
La nueva ordenanza fue aprobada de manera definitiva y por unanimidad en el Pleno de octubre, después de rechazar algunas alegaciones presentadas por varios grupos. El texto, básicamente, regula la ubicación de los clubes en la ciudad. Establece, por ejemplo, que no puede haber clubes de este tipo a menos de 300 metros de centros educativos o de salud (se argumenta que es para evitar la promoción del consumo de cannabis) y que entre ellos deben mantener una distancia de 500 metros (para evitar que se concentren en el mismo lugar y molestias al vecindario). También se prohíbe la entrada a menores y se establece que la actividad de estos clubes se limitará de 8.00 a 22.00 horas. Asimismo, se concreta la cuantía de las multas para sanciones leves y graves de estas normas. Estas medidas, de todos modos, no tienen carácter retroactivo, por lo que las distancias mínimas no afectan a los clubes ya existentes.
En Donostia hay en la actualidad 21 grupos de consumidores de cannabis que empezaron a surgir hace unos trece o catorce años. Algunos de ellos están asociados en federaciones, como Eusfac (federación de asociaciones de usuarios de cannabis del País Vasco) o Ehkeef (Euskal Herriko Kalamu Erabiltzaileen Elkarteen Federakuntza), con visiones contrapuestas en torno a la nueva normativa.
Mayor seguridad
Eusfac y varios grupos de consumidores han colaborado con el Consistorio en la elaboración de la ordenanza. Aitor Brion, asesor jurídico de la federación, confiesa que la normativa está lejos de colmar sus reclamaciones, que van más allá de una normativa urbanística, pero entiende que el Consistorio ha regulado en el ámbito de sus competencias y aplaude, principalmente, el hecho de que se reconozca por primera vez en un texto legal la existencia de los clubes y su actividad como tales. También considera que los criterios establecidos en torno a las distancias mínimas evitarán la irrupción en Donostia de empresas extranjeras y abusos, como, según Brion, ha ocurrido en Barcelona.
El asesor de Eusfac reconoce, de todos modos, que los grupos de consumidores ya contaban con códigos de buenas prácticas y normas propias en las que, entre otras cuestiones, se establece que se prohíbe la entrada a menores, por lo que no cree que la entrada en vigor de la ordenanza municipal vaya a afectar a la actividad de los grupos instalados en Donostia, más allá de ofrecerles mayor seguridad jurídica al reconocer su existencia.
En opinión de Brion, que considera que los clubes deben estar “orgullosos”, es también positivo que el Consistorio incluya estas asociaciones en las políticas de prevención de riesgos asociados al uso de cannabis. También cree que hay que destacar que el propio texto invita a otras instituciones a regular la actividad de estos grupos en el marco de las competencias de cada uno. De momento, parece que ya hay algún otro ayuntamiento que trabaja en preparar una normativa similar que ha querido conocer la recién aprobada en Donostia, la primera en todo el Estado.
Favorece solo a algunos
La visión de Brion, que alaba la gestión del Consistorio en todo el proceso, no puede estar más lejos de la de representantes de Ehkeef, que acusan al Ayuntamiento de haber consultado solo con Eusfac y haber favorecido sus intereses -afirman que no son los mismos que los del resto- ocultando el proceso de elaboración de la normativa al resto de grupos de consumidores. Algunos de los miembros de esta federación fueron, en su día, creadores de Eusfac, pero se separaron por desavenencias hace años.
Desde Ehkeef consideran que el Ayuntamiento no es competente para aprobar una normativa en torno al cannabis y que son los jueces, en todo caso, quienes deben decidir si su actividad es legal o ilegal, por lo que no entienden “a qué viene” la nueva norma. Insisten en que son grupos autogestionados completamente privados y en que su actividad no es pública, por lo que no comprenden el objetivo de la ordenanza. Consideran, en cambio, que las limitaciones y distancias establecidas “coartan” su libertad de reunión y socialización, lo que supone, en su opinión, una “discriminación” con respecto a otras asociaciones sin ánimo de lucro.
Censuran, asimismo, que se prejuzgue a los clubes y se dé por hecho que por estar ubicados cerca de un centro escolar vayan a promover el consumo entre menores, algo que consideran “falto de sentido común”. Critican, además, que se les vaya a exigir un impuesto por su actividad (lo consideran “una especie de diezmo”) y tachan de “capitalista y elitista” que se les exija una superficie de, al menos, 100 metros cuadrados, ya que aseguran que hay grupos con pocos usuarios que pueden ubicarse en locales más pequeños y que no podrían costear uno de esas dimensiones.
Desde la Ehkeef consideran que la normativa crea barreras para impedir la creación de nuevos grupos y para crear “un monopolio” en Donostia; al mismo tiempo, censuran que esta ordenanza permita la actividad de “un negocio extranjero de 2.000 clientes” como el que se instaló recientemente en Gros, muy diferente a los pequeños grupos existentes hasta ahora en la ciudad.
Así las cosas, desde la Ehkeef critican el contenido de la normativa y también el proceso para elaborarla, ya que afirman que no se les ha tenido en cuenta. También acusan al concejal de Servicios Sociales, Jon Albizu, de haber favorecido los intereses de Eusfac y no los del resto de grupos.
Objetivo. El objetivo de la ordenanza es regular la apertura de clubes sociales de cannabis, imponiendo unas distancias mínimas y exigiendo que cumplan medidas de salubridad y seguridad, además de exigir que los clubes que los regenten estén registrados. Se les pedirá una licencia de actividad.
Distancias. No podrán abrirse a menos de 300 metros de centros educativos o de salud y deberá haber 500 metros entre uno y otro, con el fin de evitar promover el consumo de cannabis entre menores o enfermos y evitar la concentración de estos espacios. La norma no es retroactiva, por lo que no afecta a los clubes que ya existen.
Horarios. Podrán funcionar de 8.00 a 22.00 horas (para evitar molestias a los vecinos). Tampoco se permiten terrazas en la calle ni promocionar el local o su actividad en el exterior.
Menores y venta. Se prohíbe la entrada a menores de edad y se prohíbe transmitir cannabis a personas que no sean socias del club.
Sanciones. Habrá sanciones de 750 euros para las infracciones leves y de 1.500 para las graves. El Ayuntamiento también podría retirar la licencia de actividad en caso de reiteración.
